La solidaridad del pueblo mexicano y la unidad de la comunidad internacional ante el dolor de aquellos que lo perdieron todo, logró reunir millones de pesos destinados para la reconstrucción y atención de los damnificados por un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.
A un año de la tragedia, miles de familias siguen viviendo en las calles a la espera de la reconstrucción de sus viviendas y la falta de claridad en la información emitida por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), alimenta la teoría de actos de corrupción y desvío de recursos millonarios para otros fines.
Se conoce que los donativos fueron por mil 943 millones de pesos en efectivo y en especie, según da cuenta el último Informe de Transparencia de Donatarias por los Sismos de 2017, con corte al 31 de mayo.
Sin embargo, 224 organizaciones sin fines de lucro (donatarias) no han entregado el total de los donativos que la sociedad civil y empresariado les confió para reconstruir la vida de quienes perdieron sus bienes.
Al respecto, en la Cámara de Diputados se aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investiguen a los responsables del mal uso de los recursos públicos, y de los donados por particulares.
En una sesión solemne se guardó un minuto de silencio, se realizó el simulacro y se brindó un aplauso a las Fuerzas Armadas para recordar a las víctimas.
Pero el cuestionamiento que está en boca de todos, hizo que los legisladores avalaran el Punto de Acuerdo que propuso Morena y que pone en duda lo que asegura el Portal de Trasparencia Presupuestaria del Gobierno Federal, en el sentido de que se erogaron seis mil 844 millones 389 mil 946 pesos para atender la catástrofe.
“Lo cierto es que no se tiene certeza sobre el destino de muchos de los insumos que supuestamente fueron otorgados y puestos a disposición en las zonas afectadas”, apunta el documento.
“Por el contrario, la mayor parte de los artículos manifestados en el portal de trasparencia fueron donados por la propia sociedad civil, la que incluso hizo labores de retiro de escombro y rescate de personas.
“Ello, en solidaria respuesta al llamado hecho a través de medios de comunicación y redes sociales, que fungieron como herramientas para canalizar los apoyos y donaciones que permitieron solventar la contingencia”, agrega el Punto de Acuerdo.
Por eso acordaron pedir a la PGR y a sus homólogas en las entidades federativas que, en el ámbito de su competencia y de manera conjunta y coordinada, “realicen las investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de la probable comisión de delitos, por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados por los sismos de septiembre de 2017; en concreto, si existe una desviación de recursos públicos”.
Con información de Noticracia y El Semanario.