El hermano más incómodo de los últimos tiempos, Raúl Salinas de Gortari, fracasó en su solicitud de que las autoridades judiciales ofrecieran disculpas públicas publicando un desplegado en el que se reconociera su inocencia en los dos juicios a que estuvo sometido.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición de que se recurso de amparo fuera atraído el amparo que promovió contra el Consejo de la Judicatura Federal, órgano al que pretende obligar que publique un desplegado que reconozca su inocencia.
Ya en 2014, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ratificó la sentencia del juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que exoneró a Raúl Salinas del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos, tras un juicio de 17 años.
En marzo del presente año, Salinas interpuso un amparo en contra del Comité de Transparencia del CJF, solicitando que se le diera acceso al expediente del último juicio donde fue absuelto y que el Consejo publique un desplegado reconociendo su inocencia, para que se limpie su nombre.
Se debe recordar que en 1999, el órgano publicó un desplegado dando a conocer la sentencia que se dictó en ese momento contra Raúl Salinas por el homicidio del diputado Manuel Muñoz Rocha, delito del cual después fue exonerado.
Sin embargo, la Suprema Corte desechó la solicitud del hermano del ex presidente, debido a que no está legitimado para presentar dicha solicitud ante el Alto Tribunal, motivo por el cual el caso regresará al Tribunal Colegiado donde se continuará desahogando el asunto.
Como parte de este juicio de amparo, a Raúl Salinas se le informó que sí puede tener acceso al expediente, pero no puede fotografiarlo, escanearlo ni reproducirlo por ningún medio.
Por su lado, la Procuraduría General de la República acusó a Raúl Salinas del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos; de comprar 41 propiedades en nueve estados del país, cuyo origen no pudo justificar cuando era servidor público de Conasupo.
En julio de 2013, Carlos López Cruz, juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, determinó que ganar 224 millones de pesos en cuatro años es legal, por lo que determinó que Salinas de Gortari no era responsable de la comisión de dicho delito.
Junto con él fue exonerado Juan Manuel Gutiérrez, acusado del mismo delito, además de peculado; dicha persona fue señalada por el Ministerio Público Federal de ser el prestanombres del hermano del ex presidente de México.
El juzgador resolvió que los bienes tenían que devolverse a Raúl Salinas, después de que estos fueron asegurados el 2 de abril de 1996 por orden del juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal.