El gobierno de Estados Unidos y sus organizaciones como la USAID, NED,  y la embajada americana en México,  financian a organizaciones sin fines de lucro internacionales y locales como Mexicanos Contra La Corrupción y la Impunidad, Artículo 19, entre otras ya que recientemente se reveló la investigacion de la publicación Contralínea.

Inmediatamente, los mexicanos empezaron a preguntar en qué están usando el dinero estas organizaciones enviado del extranjero, y algunos se preguntan si están relacionados a los constantes desmanes que ocurren en la Ciudad de México y el golpeteo al actual gobierno.

Recientemente, la reportera e invitada de las Naciones Unidas, Abby Martin, explicó sobre una nueva operación psicológica (Psyops), la también llamado Ingeniería Social, que se está instalando en EEUU y alrededor del mundo.

Esta nueva operación psicológica, usa “política de identidad”, denominada WOKE, que pretende tomar auténticos movimientos sociales como el ambientalismo, el cambio climatológico, los derechos humanos, feminismo, black lives matter, pro-gay, pro-aborto, movimientos de género y de inclusión de las minorías indígenas, etc.

La meta principal del WOKE es adueñarse de estas causas sociales y crear una nueva simulación Neoliberal 2.0 que le permita a grupos políticos promoverse como progresistas contemporáneos, y a su vez lograr dividir y restar apoyo a los verdaderos grupos progresistas.

La cooptación de estos movimientos y luchas de izquierda, ya fueron probadas con éxito en las últimas elecciones presidenciales de Ecuador. El analista político Peruano, Juan Jose del Castillo, explica cómo la oposición en el Ecuador promovió un líder de izquierda pro-indígena y pro ambientalista, Yaku Perez, y se logró así dividir y eventualmente restar votos al candidato de izquierda, Andrés Arauz, el que ara apoyado por el ex-presidente Correa.

Durante la conferencia de prensa del viernes pasado, un reportero del periódico Reforma preguntó a López Obrador cuál sería el motivo por el cual EEUU estaría financiando a grupos opositores, a lo cual el Presidente contestó que eso es ilegal bajo la constitución mexicana, porque es “injerencia y traición a la patria.” El presidente terminó diciendo que “no sabía la razón” y por eso estaba preguntando al gobierno de los Estados Unidos.

Mientras tanto en México, el proyecto de ingeniería social WOKE ya se inició, y se espera que se convierta en parte de la cultura Mexicana, ya que este proyecto está dirigido no solo a la ciudadanía en general mundial, sino a “las nuevas generaciones», así lo explica Abby Martin.

El WOKE actualmente se ha practicado fuertemente con el movimiento de Black Lives Matters (BLM) el cual también se le promueve a Latinos de EEUU, y ha causado mucha división entre los ciudadanos de Estados Unidos. El movimiento BLM, también se ha extrapolado a España, Alemania, e Inglaterra, donde la población negra en esos países es prácticamente pequeña a comparación a la EEUU.

Gobierno de EU financia 25.7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción:

El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece en los registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como su “principal donataria” en los últimos 2 años, al financiarla con 25 millones 700 mil pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales –134 millones de pesos– de esa asociación civil entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo.

Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues de los ingresos recibidos en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.

De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.

Ello porque a partir del 1 de enero de este año hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCCI, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.

Esta asociación civil supuestamente dedicada a defender el estado de derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.

Documentos internos de MCCI revelan que para el presidente fundador de esta organización ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.

Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.6 millones de pesos; es decir que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.

Desde antes de asumir la presidencia de MCCI, que dice operar “sin fines de lucro”, María Amparo Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.

Con información de EL Gato Politico.