La investigación contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont toma un nuevo giro. La Fiscalía General de la República (FGR) señala que habría participado en un presunto esquema de desvío de recursos públicos que estaban destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales.

De acuerdo con las investigaciones, el mecanismo habría involucrado contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, mediante empresas que presuntamente simulaban operaciones y servicios para triangular el dinero.

Las indagatorias también señalan que Gómez Mont habría recibido depósitos por alrededor de 14.8 millones de pesos provenientes de dos compañías relacionadas con el caso.

La Fiscalía investiga además a su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en esta estructura financiera.

Entre los delitos que se investigan se encuentran delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gómez Mont también enfrenta una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal equiparada.

La exconductora fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, después de permanecer varios años prófuga de la justicia mexicana.