La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, parece entender muy bien la encomienda que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha impuesto como eje de su gobierno, en lo referente al combate a la corrupción.
Mientras los gobernadores del país, de todos los partidos políticos, siguen inmersos en la simulación y en “los arreglos por debajo de la mesa”, en la Ciudad de México ya se está actuando contra exfuncionarios que han cometido actos de corrupción, que han desfalcado los recursos públicos o que han utilizado sus cargos de forma indebida e ilegal.
Luego de la detención de la detención de Hedilberto Chávez Gerónimo, exsubsecretario de Finanzas de la capital, Sheibaum fue enfática al señalar que “no vamos a ser tapadera de nadie”, asegurando que existen más carpetas de investigación hacia funcionarios por parte de la Procuraduría General de Justicia.
La justicia no llegará por sí sola y por ello la jefa de gobierno afirmó que el arresto del exfuncionario de la Secretaría de Finanzas fue producto de una investigación seria de la procuraduría local que ha investigado y encarcelado a otros personajes que fungieron como funcionarios de la capital en la pasada administración, la que ha sido señalada como la más oscura y corrupta de los últimos años.
Sheinbaum está sacando a patadas toda la corrupción que Mancera dejó en la CDMX https://t.co/H61fUMEovb
— GurúPolítico (@guruchuirer) October 14, 2019
De esta forma, Claudia Sheimbaum, parece ponerles el ejemplo al resto de los gobernadores del país, que siguen anclados en una perversa lógica que operó y funcionó durante mucho tiempo y en la cual se acordaba la impunidad de los funcionarios salientes a cambio de información, recursos y votos. De esta forma los que habían cometido actos de corrupción no eran perseguidos por la justicia y los que llegaban omitían, o incluso ocultaban, cualquier información que pudiera poner en riesgo los acuerdos.
Sheimbaun ha abierto una “caja de pandora” y de ella depende que esta caja represente un nuevo modelo de gobierno en la capital del país, uno que ataque de manera frontal a la corrupción e incentive prácticas y relaciones entre gobernantes y ciudadanos que atiendan, en la realidad, a principios de transparencia, justicia y cero tolerancia a la corrupción.