Redacción

Este año la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó anomalías en facturas por mil 323 millones de pesos en uno de los programas estrella de su sexenio, Cruzada Contra el Hambre, encabeza por la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de funciones.

Los recursos que estaban destinados para la compra de alimentos en comedores comunitarios y su distribuidora Diconsa, habrían sido desviados para la adquisición de playeras y gorras a sobreprecio.

Según el diario El Universal, parte de la investigación de la Función Pública se centra en 15 facturas con valor de 311 millones 940 mil pesos, las cuales fueron emitidas durante 2018 y no tienen vales para comprobar que Diconsa entregó todos los bienes por los cuales se le pagó.

Entre esas facturas destaca la número DDFFTC 10002050, donde resalta la compra de insumos que nada tienen que ver con el servicio de alimentación. La Secretaría de Desarrollo Social realizó un desembolso de 69 millones 468 mil pesos a cambio de 285 mil playeras de cuello redondo.

De igual forma se pagaron 40 millones 968 mil pesos por 285 mil gorras y se gastaron tres millones de pesos en dos mil portapasaportes.

Además se comprobó que la  Sedesol entregó a Diconsa un millón 856 mil 250 pesos a cambio de dos mil 700 camisas;  798 mil pesos por mil 600 agendas y realizó otro gasto de 700 mil pesos por 800 agendas con memorias USB.

También encontró que todos estos objetos fueron comprados a sobreprecio:

“En un análisis de precios, a través de un sondeo de mercado con diversos proveedores, como resultado se observó que existe un sobreprecio en los conceptos pagados en esta factura que representa un 89.87%”, señala el diario en su portal online.

Se expone que Diconsa pagó mil 500 pesos por cada portapasaporte, en tanto que en el mercado estos bienes tienen un costo de 400 pesos. En el caso de las agendas con memorias USB, cada una tiene un valor de 600 pesos y la Sedesol gastó 875 pesos por unidad.

Las cocineras del programa no recibían sueldo alguno, y  donaban su tiempo turnándose para cocinar con insumos comprados no localmente,  sino en su mayoría productos enlatados en lugar de frescos. Los consumidores pagaban las comidas o desayunos en 10 pesos y las cocineras tenían derecho a llevarse comida para su familia.

Sin embargo, este esquema fue criticado ya que no permitía que las madres de familia generaran recursos para otras necesidades básicas, además de que no beneficiaba a productores locales.

En 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado anomalías en ese mismo programa por un monto de 396 millones 838 mil pesos que habían sido destinados a la compra de 31 millones de artículos entre tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras; sin embargo, la dependencia reguladora señaló que las empresas con las que fueron adquiridos, “no existen”.

Además, esos artículos nunca llegaron a su destino e, incluso, el encargado del almacén general de la Secretaría de Desarrollo Social  indicó que no sabía de su existencia. Por lo que, la ASF indica que ya había un fuerte daño al erario, pues no hay evidencia de que objeto alguno haya llegado a alguno de los 400 municipios.

Con información de Polemón.