Abel Revill Ochoa, el mexicano que, “poseído por el diablo”, asesinó a su familia en 2002 en Dallas, Texas, será ejecutado este jueves.

El estado de Texas prevé que, pasadas las 18 horas del jueves, Revill Ochoa, de 47 añis, recibirá una dosis letal del sedante pentobarbital en la prisión de Huntsville, cerca de Houston. Y es que los tribunales estatales y el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazaron, hasta la fecha, los recursos presentados por su defensa. No obstante, aún podrían interponer nuevas apelaciones para tratar de detener la ejecución.

Asimismo, la Junta de Perdones de Texas aún podría recomendar cambiar su pena de muerte por una condena a cadena perpetua. Aunque es algo que muy raramente sucede.

Abel Revill Ochoa nació en Vicente Guerrero, Durango, en 1973. En Dallas, vivía con su esposa Cecilia, y sus hijas Crystal y Anahí, de 7 años y 9 meses respectivamente. El domingo 4 de agosto de 2002, después de ir a la iglesia, Abel le pidió a su esposa Cecilia 10 dólares para comprar crack, droga a la que era adicto.

Cuando ingirió toda la sustancia, Abel quedó con ganas de más. Mas, como sabía que su esposa no le iba a dar más dinero, fue a su habitación y sacó del armario una pistola cargada. Revill Ochoa fue a la sala, y mató a su bebé, su esposa, a su cuñada Jaqueline (hermana de Cecilia) y a Bartolo, su suegro. A Crystal, la pequeña de 7 años, la asesinó mientras corría, intentando escapar. Alma, otra de sus cuñadas que estaba en la casa, sólo quedó herida de gravedad, pero sobrevivió.

¿El mexicano Abel fue “poseído por el diablo”?

Una hora después del multihomicidio, Revill Ochoa fue detenido sacando dinero de su esposa en un cajero. Según su defensa, el hombre tuvo un delirio inducido por las drogas, pues Abel aseguró que el diablo lo poseyó. A pesar del argumento, el jurado lo condenó a pena de muerte en 2004.

El polémico homicidio fue posterior al “Caso Avena”, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en EE.UU.  Y es que, de acuerdo con la CIJ, a algunos presos se les violó su derecho a solicitar asistencia legal a su país tras su detención, cláusula que establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Por ello, el Gobierno de México, expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presionaron al estado de Texas para que suspendiera las ejecuciones de mexicanos. Pues alegaron que no tuvieron juicios justos ni se cumplió con ellos el debido proceso.

Texas, sin embargo, hizo caso omiso a las presiones diplomáticas, así como el fallo de la CIJ, al ejecutar a seis mexicanos en la última década.