El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha hecho ningún requerimiento sobre los expresidentes de México por la denuncias de hechos presentadas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

 “Efectivamente son de las 70 personas denunciadas por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, al momento la Fiscalía no nos ha hecho algún requerimiento relacionado con ellos tres en particular, además el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro de hay que esperar a la consulta el 1 de agosto, para efecto de ver la posición popular respecto a enjuiciar o no por delitos cometidos en el pasado a servidores públicos, en los términos que quedó la consulta, pero que todos sabemos que se trata de los expresidentes”.

De acuerdo con medios nacionales, la UIF revisó las finanzas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; a petición de la FGR, quien también habría solicitado información sobre los exsecretarios Luis Videgaray, José Antonio Meade, el actual gobernador y exlegisladora Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth y el excandidato presidencial Ricardo Anaya, pero Santiago Nieto aclaró que para los primeros no existe requerimiento alguno.

FGR y UIF tienen en la mira a expresidentes: ¿por qué investigan a EPN, Calderón y Salinas?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuya función ha destacado en la 4T por el congelamiento de cuentas en lo que se ha llamado la lucha contra la corrupción, ahora tiene en la mira algunos expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto. Pero no es la única también la Fiscalía General de la República (FGR) estaría haciendo lo propio con alguno de ellos. Estas son las razones por la que dependencias como la que dirige Santiago Nieto y la de Alejandro Gertz Manero revisaron algunos detalles o indagan a los exmandatarios y qué se sabe de ellas.

Esta semana se hizo pública una investigación del portal Animal Político, en la que se informa que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a sus exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente formar una asociación delictiva, la cual en un año habría canalizado casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores.

La acusación deriva de los documentos de las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, imputado por el mismo caso, donde se menciona también los nombres del exdiputado y excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, David Penchyna, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega. Todos ellos relacionados con los presuntos sobornos, cuyo objetivo habría sido que se avalara la reforma energética.

En sintonía con lo anterior y derivado de las denuncias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar las finanzas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De acuerdo con El Universal, la misma información también habría sido pedida sobre el exsecretarios Luis Videgaray, José Antonio Meade, el actual gobernador Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth y Ricardo Anaya.

El exfuncionario denunció al panista Jorge Luis Lavalle Maury por supuestamente integrar un grupo que extorsionaba para obtener millonarios sobornos, a fin de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto y como ya se dijo no es el único que fue nombrado por Lozoya en este caso, pero si fue el primero de los implicados en ser detenido y según advirtió Alejandro Gertz Manero habrá varios por este caso.

En el caso concreto de Perña Nieto, podrían salir otras indagatorias o recursos con los que esté relacionado y es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer las investigaciones y sentencias que existen en contra del expresidente del 1 de diciembre del 2000 al 29 de enero del 2021. Por lo que todos los recursos se deberán hacer públicos ya sea en trámite o que hayan sido notificados, así como las concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables o que hayan culminado con el no ejercicio de acción penal.

Con información de Politico.