La Ley Nacional de Extinción de Dominio, un mecanismo autónomo e independiente que fortalecería al Estado en su lucha contra la delincuencia organizada, generó más inquietudes que certezas sobre sus usos, procesos, definiciones y por su incompatibilidad con el texto constitucional, señaló el senador Clemente Castañeda.

Quedó a deber la Ley Nacional de Extinción de Dominio; urge reforzarla y corregirla, subrayó.

El también coordinador de Movimiento Ciudadano manifestó que la figura de extinción de dominio ha quedado a deber. Su falta de resultados es visible cuando se la evalúa en el marco general de la estrategia de seguridad.

"Vale la pena destacar que, según el primer informe en materia de extinción de dominio presentado por la Fiscalía General de la República, el 21 de octubre del 2020, los bienes sujetos a extinción de dominio se calcularon en apenas 76 millones de pesos y 9 millones de dólares”, indicó Castañeda.

Por lo que presentó una iniciativa para eliminar excesos, darle mayor certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas al mecanismo de extinción de dominio.

La iniciativa que reforma 10 artículos, establece que los recursos obtenidos sirvan al fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia federal y locales.

“Pero además de esto, carece de instrumentos adecuados de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, lo que dificulta aún más su evaluación. Y esto no es todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la invalidez de artículos de la Ley por violaciones al derecho a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la transparencia, el acceso a la información”, añadió.

Propone, instaurar un modelo que transparente el destino de los recursos obtenidos por la extinción de dominio para que el Gobierno explique cómo y dónde se gastan estos recursos.

Eliminar el Gabinete Social de la Presidencia de la República, para que no sea esta instancia la que defina el destino de los bienes.

Generar certeza jurídica, evitando que la Fiscalía pueda adoptar medidas cautelares sin previa orden judicial.

Con Información de El Occidental.