La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sean nuevamente empresas públicas.
“Este decreto le devuelve Pemex y CFE al pueblo de México. Ayer fue declarada constitucional esta reforma, ya pasó por la mayoría de los congresos. Es una reforma muy importante porque le devuelve al pueblo sus empresas que en el 2013 privatizaron, porque al convertirlas en empresas productivas del Estado hacían que dejaran de ser públicas”, dijo la Presidenta en su conferencia llamada “la Mañanera del Pueblo”.
El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, consolidará estas transformaciones en el marco legal, permitiendo al Estado fortalecer su papel en el sector energético.
Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), celebró que “concluyó el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del estado mexicano, hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo”.
Con los cambios en la reforma aprobada, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado” al incorporarse al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.
Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.
La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social, y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
Asimismo, busca que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.