La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego debe cumplir con el pago de 580 millones de dólares que adeuda a acreedores en Estados Unidos, luego de que el pasado 22 de octubre un tribunal federal revocó la protección judicial otorgada por un juez a TV Azteca para evitar el pago de dicha deuda.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 23 de octubre, la mandataria mexicana indicó que con esta resolución el empresario ya no tiene razón para deslindarse, por lo que debe pagar, y señaló que Salinas Pliego podría intentar desmentir la situación en redes sociales.

“Recuerden que este empresario, durante la pandemia, hace un recurso jurídico a un juez en la Ciudad de México para decir que, por la pandemia, no está en condiciones de pagar sus deudas en Estados Unidos. En aquella época, le dan razón y empresarios estadounidenses abren un arbitraje en México sobre qué opina el Estado mexicano al respecto. Ayer, lo que hace el tribunal es revisar nuevamente el caso y decir, que ya no tiene razón. Sí tiene que pagar, porque una cosa es la pandemia, y otra cosa es ahora”, explicó la mandataria. 

Asimismo, la mandataria recordó que Salinas Pliego tiene otros procedimientos en los tribunales de la CDMX y en los próximos días se deberán resolver. 

Respecto a la reunión entre la presidenta con los acreedores de Salinas Pliego, explicó que una vez el Tribunal de la CDMX resuelva el tema pendiente se concretará el encuentro y precisó que será la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Hacienda quienes atenderán la petición de los empresarios para que se les explique la postura del Estado Mexicano frente a este litigio.

Cabe señalar que el Grupo Salinas continúa acumulando una deuda fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que supera los 74 mil millones de pesos, tras sumar 11 mil millones adicionales en el último año.

La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que el conglomerado mantiene al menos 32 juicios abiertos para impugnar créditos fiscales y evitar el pago de impuestos. Tres de esos casos, que suman 26 mil millones de pesos, están actualmente en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).