La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles en Palacio Nacional el decreto de reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma, que será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, ya cumplió con los requisitos constitucionales luego de ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por 22 congresos estatales. 

“A partir del 2028, quien quiera postular al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidente o presidenta de la República, sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

¿Qué establece la reforma?

Con las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, las personas que busquen alguno de estos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de poseer una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos ante la autoridad electoral correspondiente.

La medida también contempla restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra nacionalidad y el uso de protección diplomática de otro Estado.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que todavía deberán elaborarse disposiciones reglamentarias para establecer con precisión el procedimiento mediante el cual los aspirantes deberán acreditar la nacionalidad única y, en su caso, formalizar la renuncia a otra ciudadanía.

Publicación en el Diario Oficial

Tras la firma presidencial, el decreto será publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que concluirá el proceso formal de reforma constitucional. 

La nueva disposición no afecta a quienes actualmente ocupan estos cargos y comenzará a tener efectos para los procesos electorales de 2028, de acuerdo con los transitorios de la reforma. 

La presidenta ha defendido la medida bajo el argumento de que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales deben tener una sola nacionalidad y colocar los intereses de México por encima de cualquier otro Estado.