Después de 40 años siendo directivo de Petróleos Mexicanos, Carlos Morales Gil dejó esta empresa para irse a PetroBal. Alberto Baillères González es el dueño de dicha corporación, y uno de los hombres más ricos de México. Este es uno de los casos que se suman a la discusión sobre cuáles son los conflictos de interés o la facilidad con la que hay tráfico de influencias entre el gobierno y las empresas privadas.

Carlos Morales renunció a Pemex en febrero de 2014 y justo un año después comenzó a trabajar en PetroBal, siete meses más tarde, la compañía ganó su primera licitación con el gobierno.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un problema que exfuncionarios se conviertan en presidentes o en directivos de compañías privadas debido a que esto causa conflictos de interés y tráfico de influencias que afectan a las compañías del estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Carlos Morales Gil “todavía cuenta con información privilegiada”, en particular, “porque tiene el mapa petrolero de México tatuado en la cabeza”, explicó a SinEmbargo la doctora Miriam Grunstein Dickter, especialista en temas energéticos.

Al igual que ella, el ex consejero de Petróleos Mexicanos, Fluvio Ruiz Alarcón, mencionó que es normal –aquí y en el mundo– que funcionarios públicos especializados pasen a formar parte de la iniciativa privada; o que los directivos de las compañías pasen a formar parte de los cuadros técnicos del Gobierno (por su nivel de preparación).

El problema del planteamiento de AMLO –dijo Ruiz Alarcón– no sólo es que restrinja “sin querer” el derecho de los ex funcionarios a optar por oportunidades de trabajo, sino la cuestión de volver un “imperativo ético en una obligación legal porque tienes un derecho constitucional al trabajo”, y una normatividad que establece que, al año de haber concluido funciones de servidor público, éstos pueden incorporarse a trabajos en compañías privadas.

Pese a que no hay pruebas para señalar la existencia de un conflicto de interés en la mayor parte de los casos de ex funcionarios públicos que hoy en día laboran en alguna empresa privada, el Presidente ha insistido en la falta de moral que supone este tipo de prácticas.

En el caso de Carlos Morales Gil, más allá de las investigaciones (que no prosperaron) en su contra por el presunto fraude con la empresa Oceanografía por más de 8 mil millones de pesos en contratos, no existe prueba de que haya cometido actos de conflicto de interés o de tráfico de influencias.

En 2004, Morales Gil ya era el titular de Pemex Exploración y Producción. Ese mismo año, la subsidiaria de Pemex registró nuevos yacimientos de crudo en las aguas someras del Golfo de México. Dentro de esos yacimientos figuraban los de Ichalkil y Pokoch que, en 2015, fueron otorgados (por concurso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) a la compañía de Baillères.

Con el contrato (número CNH-R01-L02-A4/2015) en mano, Petrobal –en alianza con la compañía estadounidense Fieldwood Energy– se convirtió en una de las primeras empresas privadas en beneficiarse con la Reforma Energética de 2013-2014 (misma que permitió a la iniciativa privada incursionar en el mercado energético mexicano).

La única polémica y motivo de duda que se suscitó durante este proceso, dijo Grunstein, fue que la alianza PetroBal-Fieldwood fue la única en pujar por los campos del Bloque 4 (Ichalkil y Pokoch) durante la segunda licitación (2015) de la Ronda Uno. En cambio, ocho compañías internacionales –CNOOC, DEA Deutsche Erdoel, ENI International, Lukoil Overseas Netherlands, Pan American Energy LLC, Patronas Carigali, Statoil y Talos Energy LLC– no presentaron oferta.

El proyecto de PetroBal implicará una inversión total de 7 mil 582 millones de dólares, para una concesión que durará hasta el año 2041. Para el año 2026, las proyecciones de producción de PetroBal están estimadas en 104 mil barriles de crudo diario. Esto, a un precio de 55 dólares por barril, implicaría ganancias por 5.7 millones de dólares diarios, equivalente a poco más de 2 mil millones de dólares anuales.

En 2018, PetroBras y Fieldwood Energy acabaron con la etapa de diagnóstico, perforación y exploración que inició en 2016. Por los próximos 22 años, la compañía mexicana y la estadounidense explotarán los recursos del subsuelo mexicano, lo que implicará la incorporación de al menos 563.2 millones de barriles de crudo a las reservas nacionales, con ganancias superiores a 18 mil millones de dólares para el Estado mexicano, sin inversión directa del Gobierno.

Con información de Sin Embargo.