Clasificados como compras por “seguridad nacional”, en los 5 años que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación (2012-2017) se asignaron –sin licitar y de manera presuntamente irregular– cientos de contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esa dependencia.
Las operaciones con dinero público que se hicieron sin transparencia y violentando la ley, están perfectamente identificadas en documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General Adjunta Penal y Civil y en el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la Función Pública), con la presunción de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos.
Esas autoridades tienen clasificados cientos de contratos como de “riesgo alto e intermedio”, pues según los documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual era falso.
Dicha información que tiene reservada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (ahora en poder de Contralínea), explica cómo se abuso del poder y se hizo un mal manejo de los recursos públicos en el gobierno anterior, lo que habría ocasionado “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.
En una revisión sobre los primeros 19 contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil bajo el concepto de “seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial es por varios miles de millones de pesos.
Contralínea ha solicitado desde la administración anterior y en el gobierno actual los contratos otorgados bajo el supuesto de “seguridad nacional” empleado en la administración de Enrique Peña Nieto como un esquema para beneficiar a empresas privadas “amigas” del gobierno; sin embargo, las respuestas tanto de las secretarías de Gobernación y Función Pública, como del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), siempre ha sido la misma: negar dichos contratos y ponerlos en reserva bajo el argumento de que son asuntos de “seguridad nacional” que no pueden ser difundidos, cuando en realidad lo único que hacían era ocultar la corrupción que desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación se practicaba para desviar recursos públicos.
Por ello la importancia de que la sociedad conozca estos informes oficiales clasificados como confidenciales que consideran indebido y violatorio de la ley utilizar dicho concepto de “seguridad nacional” para disponer miles de millones de pesos de dinero público de manera subrepticia y corrupta.
Las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos son: Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Comunication de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas.
Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a “seguridad nacional”, se precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.
En los informes oficiales se especifica que en los primeros 5 años del gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado de la República–dispuso indebidamente de recursos públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año 2022, lo que representa una responsabilidad patrimonial del Estado y posibles desvíos de fondos al erario.
En auditorías e investigaciones que se han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican contratos clasificados como de “riesgo alto” y “riesgo mediano” por su nivel de corrupción en “servicios prestados, compromisos trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios”, de acuerdo con su “cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado, determinación de las partes involucradas, pasivos laborales y eventual daño a la imagen de la Segob”.
En una primera lista de 19 contratos de la Segob que hoy damos a conocer, seleccionamos sólo una parte de los relacionados con “compras por seguridad nacional”, según el criterio discrecional que funcionarios de la anterior administración aplicaron para beneficiar a empresas privadas “amigas” y sin que algún órgano de control del Estado vigilara el proceso y su cumplimiento.
Primera lista de contratos:
Contrato plurianual (2017-2020) por 539 millones 997 mil 478.41 pesos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, número OADPRS/DGA/CC/029/2017 para que le proporcionaran un servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de PyRS (Prevención y Readaptación Social).
De acuerdo con las autoridades investigadoras, éste debió asignarse mediante licitación pública nacional; sin embargo, la Secretaría de Gobernación violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional, establecido en el artículo 41, fracción IV, de la LAASSP.
La empresa privada beneficiada con dicho contrato fue Comtelsat, SA de CV, y los montos anuales asignados son: 2017, 134 millones 999 mil 369.60 pesos; 2018, por 179 millones 999 mil 159.47 millones; 2019, 179 millones 999 mil 159.47, y 2020, 44 millones 999 mil 789.87 pesos.
De acuerdo con los dictámenes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob y el Órgano Interno de Control, dicho contrato debió licitarse porque en el mercado hay otras empresas mexicanas que prestan el mismo servicio, y se pudo obtener un mejor precio y un ahorro de dinero público, además de que Comtelsat fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y dicha resolución quedó firme en 2016 “por sólo un periodo de 3 meses”.
Contrato número OADPRS/DGA/S/28/2017, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, asignado directamente por el mismo Órgano Administrativo (OADPRS) a la empresa DGRM Health, SA de CV, por un monto máximo de 52 millones 756 mil 800 pesos, sustentado en la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP.
De acuerdo con el dictamen del OIC y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Gobernación, el objeto del servicio contratado fue para diagnóstico oportuno a los Centros Federales de Readaptación Sociales (Ceferesos) y, en su caso, debió adjudicarse bajo la fracción III del artículo 41 de la citada Ley, si es que se tratara de un tema de seguridad nacional, el cual precisa: “Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados”.
Contrato número OADPRS/DGA/S/26-A/2017, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año y adjudicado bajo el supuesto de “seguridad nacional” a la compañía Teléfonos de México, SA de CV, propiedad de Carlos Slim, por un monto máximo de 300 millones 756 mil 800 pesos.
Como el objeto del servicio fue telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, las autoridades gubernamentales consideran injustificable su contratación directa, dado que debió licitarse por ser un servicio donde existen otros competidores, además de que “no encuadra en el supuesto de seguridad nacional”.
Contrato número OADPRS/DGA/S/25-A/2017, asignado de manera directa al proveedor Matra Comunication de México, SA de CV, y su operante: Viajes Premier, SA, representada por Junior Roberto Hernández Escamilla, por un monto de 64.1 millones de pesos. El contratante fue la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), a través de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios y la Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios (DGAOS).
Este contrato cubre la reservación, expedición, venta y entrega de boletos de pasajes de transportación área, nacional e internacional, para servidores públicos en el desempeño de sus funciones oficinales (sic), así como personas migrantes que por las funciones sustantivas se requieran.
De acuerdo con las autoridades responsables de la vigilancia y control, este contrato debió licitarse o justificarse bajo el rubro de costo-beneficio fracción III. Aunque este contrato se pretendió ejecutar bajo las Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no se cuenta con el escrito de justificación de fecha 27 de febrero de 2018.
Contrato número SG/CPS/05/2017, suscrito por el entonces oficial mayor de la Segob, Jorge Márquez Montes, asignado sin licitar a la empresa privada Efectivale, S de RL de CV, representada por María Guadalupe Rojas García, por un monto de 16 millones de pesos para prestar un servicio mediante una plataforma electrónica. El área contratante es la DGRMySG y el servicio era para el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.
De acuerdo con el dictamen oficial, “no debió contratarse con base al artículo 41, fracción IV de seguridad nacional, toda vez que es un servicio que se presta mediante una plataforma electrónica. Agrega el documento: “En caso de los vales, éstos se pueden utilizar en cualquier establecimiento que acepte Carnet o dicho plástico”.
Además de haber incumplido la norma al otorgarse de manera directa dicho contrato, tampoco cuenta con el escrito de justificación de fecha 24 de febrero de 2017.
Otro contrato otorgado a la misma empresa privada: Efectivale, es el número SG/CPS/06/2017, por 3 millones de pesos, y que se asignó mediante el procedimiento de adjudicación directa con fundamento en el artículo 134 de la Constitución y la fracción III, y artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones (seguridad nacional).
El área contratante fue la DGRMySG y el servicio era para el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), al servicio principalmente de la Presidencia de la República.
Se concluyó que “no se justifica tal asignación… pues no se precisa la fracción bajo la cual se contrata, y en caso de fundarlo en la fracción IV del artículo 41 (como se pretendió justificar), no procede, toda vez que es un servicio que se presta a través de una plataforma electrónica”. Este contrato tampoco cuenta con escrito de justificación de fecha 14 de febrero de 2017.
Contrato SG/CPS/43/2017, otorgado por la DGAOS a la empresa Casa Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime, por un monto de 13 millones de pesos para “preparar, procesar y proporcionar alimentos, comidas, box lunch y coffe break a empleados de las Segob y el órgano desconcentrado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como usuarios externos autorizados por parte del administrador del contrato”.
Las autoridades investigadoras explicaron que a pesar de ser un servicio que se proporciona al interior de la Secretaría de Gobernación, ello no justifica la fracción IV del artículo 41 (seguridad nacional). Se añade que no se cuenta con el escrito que justifique la contratación.
Convenio de colaboración abierto OADPRS/DGA/CC/003A/2017, por 13 millones 352 mil 430 pesos para el servicio de protección, custodia, vigilancia y seguridad de los inmuebles del Proyecto Academia Nacional de Administración, asignado bajo el supuesto de seguridad nacional, artículo 1, párrafo V de la Ley de Adquisiciones.
Convenio de colaboración abierto OADPRS/DGA/CC/004A/2017, hasta por 75 millones para el apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico. Asignado por seguridad nacional.
Contrato SG/CPS/52/2017, por 1.5 millones de pesos hecho por la DGRMySG con la empresa King Mar Mexicana, SA de CV, representada por Martha Alicia Reyes Arvizu, para fumigación y control integral de plagas a inmuebles y jardines de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los investigadores “no se justifica que se haya contratado conforme a la fracción IV del artículo 41, pues debió licitarse.
Contrato SG/CPS/53/2017, de la DGRMySG por 235 millones de pesos y la empresa beneficiada fue XA Services, SA de CV, representada por Francisco Xavier Alcocer Quijano, y trata de un “servicio integral plataforma global para la reducción de riesgo de desastres Cancún, Quintana Roo 2017” (sic).
De acuerdo con las indagatorias este contrato asignado directamente por seguridad nacional “no se justifica y es cuestionable su aplicación de acuerdo con el artículo 41, fracción IV, pues el monto máximo permitido es de 200 millones de pesos”. Tampoco se cuenta con el escrito de justificación.
- Contrato SG/CPS//66/2017, por 6 millones de pesos y firmado por la DGRMySG y por Marco Antonio Sandoval Rodríguez para trabajos de jardinería a inmuebles de Gobernación en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.
De acuerdo con el dictamen oficial sobre este contrato, “no se justifica invocar la seguridad nacional” para ese tipo de trabajo y tampoco se cuenta con un escrito que lo justifique.
Contrato SG/CPS/70/2017, por 11.3 millones de pesos, fue asignado por la Subdirección de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, a la asociación civil Pro Ayuda a la Mujer, representada por María Baños Reynaud. Se explica que debido a que no cuenta con el escrito de justificación, no se puede acreditar la exclusividad aludida en el artículo 41, fracción I.
Contrato SG/CPS/02/2016, por 21.9 millones de pesos y asignado directamente por la DGRMySG a la empresa Reisco Operadora de Servicios, SA de CV, representada por Fausto Rodas Ruiz.
El servicio contratado consiste en “mantener y conservar limpios y en condiciones de salubridad e higiene los bienes muebles, equipos de oficina, bienes inmuebles, espacios abiertos y vialidades que ocupa la Secretaría de Gobernación”; sin embargo, no se cuenta con el escrito de justificación.
Contrato SG/CPS/03/2016, de la DGRMySG y asignado a Casas Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime. El monto asciende a 27.3 millones de pesos para “preparar, procesar y proporcionar alimentos, desayunos, comidas, box lunch y coffe break para empleados de Gobernación, así como a usuarios externos autorizados…” Las autoridades investigadoras señalan que esta contratación millonaria no está justificada y debió concursarse, además de contar con escrito de justificación.
Contrato SG/CPS/05/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Agel Ingeniería, SA de CV, representada por Guillermo Licea Reyes, por un monto de 21.3 millones de pesos.
El servicio es para “mantener instalaciones y equipos de aire acondicionado, extracción, refrigeración y bombas de calor en óptimas condiciones de operación… en inmuebles de Gobernación”. En este caso tampoco hay escrito de justificación.
Contrato SG/CPS/06/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa KE Fibertec, SA de CV, representada por Eric Federico de Jesús Hernández Desentis, y por un monto de 4.5 millones de pesos.
El servicio contratado consiste en “dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de plafón frio de la Segob”, por lo que es injustificada su contratación conforme a la fracción IV y debió licitarse. Tampoco hay escrito justificatorio ni se menciona la fecha.
Contrato SG/CPS/07/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Viaje Premier, representada por Junior Roberto Hernández Escamilla, por un monto de 8 millones de pesos.
Este gasto fue para la “contratación de servicio integral denominado Foros de debate nacional sobre el uso de la marihuana”, lo cual no justifica la aplicación de la fracción IV de la citada Ley y tampoco hay escrito de justificación.
Contrato SG/CPS/12-1/2016-2017, la DGRMySG contrató por 28 millones de pesos a la empresa RCU Sistemas, representada por Israel González León, para proporcionar el “servicio de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”. Se refiere a defensores de derechos humanos y periodistas.
Las autoridades responsables de la investigación señalaron que no se justifica la asignación directa de este contrato, por tal motivo debió licitarse.
Equipo de Osorio responde por contratos multimillonarios asignados sin licitación
Consultado sobre los señalamientos en torno a las presuntas irregularidades que se habrían cometido al abusar del concepto de “seguridad nacional” para asignar cientos de contratos multimillonarios sin licitación, el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong respondió lo siguiente por medio de una tarjeta informativa:
“Relativo a las contrataciones que realizó la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad nacional por adjudicación directa, se considera relevante precisar lo siguiente:
“Estas contrataciones fueron realizadas en apego a los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y documentos normativos.
“Dichos contratos han sido revisados por las instancias fiscalizadoras: el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, dando como resultado la aprobación de las cuentas públicas.
“Estos contratos fueron cargados conforme a su normatividad al portal de transparencia de la Secretaría de Gobernación.
“Las adjudicaciones están justificadas en el ámbito de seguridad nacional en virtud de la naturaleza propia de la necesidad y de la protección de datos de personas, así como de direcciones de instalaciones estratégicas.
“En todos los casos, las contrataciones se fundamentaron en el artículo 41 fracción IV de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su caso pueden exceptuar y facultar su adjudicación.
“Incluso la naturaleza de estos contratos y sus objetivos llevan en forma inherente la causal total de confidencialidad, por lo tanto, no se pueden revelar datos para no incurrir en violaciones legales que solo una autoridad judicial puede determinar.”
Reisco Operadora de Servicios, inhabilitada por 3 meses por irregularidades
Los 2 primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la contratista de la Secretaría de Gobernación, Reisco Operadora de Servicios, no pudo contratarse con el gobierno por encontrarse inhabilitada.
Beneficiada con el contrato SG/CPS/02/2016 por 21.9 millones de pesos, gracias al esquema de contrataciones directas que instauró la Secretaría de Gobernación durante el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong, esta empresa fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública a fines del sexenio de Enrique Peña.
De acuerdo con la circular OICE/11186/001/18, publicada el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Fiscalía General de la República, así como las entidades federativas y los municipios debieron abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona moral –“cuyo administrador único es el ciudadano Fausto Rodas Ruiz”– entre noviembre del año pasado y enero de 2019.
Ello, luego de que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Educal, SA de CV, resolvió el expediente SANC-01/2018 de sanción administrativa incoado a la persona moral Reisco Operadora de Servicios.
La resolución ordenó que a partir del día siguiente en que se publicó la circular en el Diario Oficial de la Federación deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamiento, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha persona física de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 3 meses.
Ello, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción V, 11, 59, 60, fracción III, 61, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2, 8 y 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, de aplicación supletoria; 99, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Aunado a ello, la Auditoría Superior de la Federación ha emitido dos advertencias a la administración pública para que no sean contratados los servicios de esta empresa.
