En 2010 el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, fue el encargado de dar un giro radical al sistema carcelario: abrirlo a la iniciativa privada, dando como resultado un negocio de más de 200 mil millones de pesos en manos de sólo seis magnates mexicanos. Es un proceso de cambio de largo alcance, afirmó el ex funcionario en 2012, cuando inauguró el primero de ocho penales privados.
Hace casi una década se detectó que, producto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se elevó de manera drástica el número de presos y el espacio para albergarlos era insuficiente. Ante la falta de recursos públicos, la solución fue encargar a seis empresarios que invirtieran en la construcción de ocho penales, cada uno con un costo de 4 mil millones de pesos; es decir, un desembolso de 32 mil millones. Una suma menor a cambio de alta rentabilidad.
Con información de Jornada.
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