Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto la evasión fiscal llegó a los 4.1 billones de pesos, periodo en el cual, de una potencial recaudación de 18.7 billones, se lograron captar tan sólo 14.6 billones.

Por ese motivo, la Auditoría Superior de la Federación explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha visto en la necesidad de fortalecer estrategias para “reducir al mínimo posible” esa práctica.

La dependencia dio a conocer en su informe de la cuenta pública 2018 que, en una auditoría al SAT y grandes contribuyentes, encontró que la evasión de aquel año fue de 619 mil 622 millones de pesos.

Además se suman 297 mil 629 millones de pesos en devoluciones a 11 mil 696 grandes contribuyentes, mayormente en IVA, y otros 906 que fueron beneficiados con compensaciones de 156 mil 734 millones.

En un estudio presentado por la ASF, sobre la recaudación real y la potencial durante el Gobierno de Peña Nieto, dio cuenta que los niveles de evasión por cobro de IVA, ISR y el impuesto especial sobre producción y servicios se redujeron 5% anual, pero siguen siendo altos.

EN 2013, la evasión significó pérdidas por 812 mil 208 millones para el fisco, mientras que en 2018 llegó a 619 mil 622 millones y, aunque ha disminuido la brecha entre la recaudación potencial y la real, el monto del año en revisión representó casi 25 por ciento del total de los ingresos tributarios.

Finalmente, los juicios fiscales, estímulos y condonaciones a grandes contribuyentes, así como los ingresos tributarios de éstos, también significan rubros de pérdida de ingresos ante la ASF.

De igual manera la institución identificó que el SAT subestima sus metas de recaudación, lo que le permite, al cerrar cada ejercicio, presumir que su eficiencia le permitió rebasar los objetivos planteados.

¿Quiénes salen ganando?

El informe de la ASF, entregado a la Cámara de Diputados, muestra que si bien los grandes contribuyentes aumentaron 2.8 por ciento al año, 902 de ellos reportaron un saldo de cero pesos o a favor equivalente a 156 mil 734 millones.

Lo anterior se debe a que “de conformidad con la legislación aplicable y vigente, los montos pagados bajo los diferentes impuestos fueron compensados con devoluciones, compensaciones en otros impuestos cobrados en ese año y gastos fiscales”.

Entre ellos se encuentran contribuyentes de ramas como:

Manufactura de automóviles

Industrialización de lácteos

Elaboración de artículos de belleza y limpieza

Producción de bebidas alcohólicas

Fabricación de electrodomésticos

Gimnasios

Aerolíneas

Tiendas minoristas

Servicios de telecomunicaciones

Hoteles

Sector financiero

La ASF identificó que los estímulos fiscales otorgados en 2018 fueron por una suma de 68 mil 170.3 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad se concedieron a grandes contribuyentes.

Según la base de datos, el monto fue usado por 549 de las 7 mil 345 razones sociales consideradas como grandes contribuyentes y, de esas, a cinco se le brindaron beneficios por más de mil millones de pesos, y en un caso hasta por 3 mil 555.6 millones.

Ante esa situación, la ASF recomendó a la Secretaría de Hacienda proponer una reforma a la Ley de Ingresos donde se defina la obligación y se formalice el propósito específico de cada uno de los estímulos.

Hacienda se negó a aceptar la recomendación, pero la ASF insistió que es necesario justificar esa pérdida tributaria.

En 2018, se entregaron al SAT 13 mil 788 solicitudes de grandes contribuyentes para la devolución del IVA, ISR, IEPS y otros impuestos por 307 mil 555 millones.

La dependencia avaló reintegrar 297 mil 629 millones a 12 mil 696 solicitantes, de los cuales, 96.7 por ciento correspondió a devoluciones por IVA, es decir, 296 mil 637 millones de pesos.

Además, la ASF recalcó la contradicción en el número real de grandes contribuyentes y lo que cada uno aporta al fisco, evidenciando que un billón 386 mil 686.7 millones de pesos, 45.3% de la recaudación de ese año, recayó en 7 mil 345 empresas o personas físicas y no en 43 mil 83, como indicó el SAT.

Con información de Polemón.