En 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, millones de documentos contables, legales y administrativos de 31 empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari fueron robados de las bodegas que los resguardaban, en un saqueó que dejó sin memoria histórica dichas decisiones gubernamentales, según publicó el portal SinEmbargo.

Los documentos estaban en casi 50 mil cajas, pesando cerca de 150 toneladas y aún así simplemente “desaparecieron” de las bodegas ubicadas en la colonia Venustiano Carranza, en Monterrey, Nuevo León donde no contaban con vigilancia, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin dinero al fideicomiso que las administraba.

El suceso, calificado como “vandalismo y sustracción” fue notificado por Miguel Arnulfo Ramos Salgado, funcionario del Grupo Financiero Banorte, a los funcionarios de la SHCP, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así como la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En el oficio, con fecha del 9 de agosto de 2020 se describe lo siguiente:

“Fue forzado y sustraído el portón de entrada y acceso al inmueble”.

“Fueron forzadas todas y cada una de las bodegas en las cuales se contenían los libros yd documentos inherentes a las EMPRESAS LIQUIDADAS (sic)”.

“Fue sustraída toda la documentación resguardada y relacionada con las EMPRESAS LIQUIDADAS”.

“Fue sustraído todo el mobiliario, bienes y equipo de oficina que existía dentro del inmueble mencionado”.

Un año antes, el mismo funcionario había advertido a la SHCP de los riesgos de robo si no se brindaban los recursos necesarios.

Al no existir recursos en el patrimonio del fideicomiso, dijo, se dio por terminado el contrato con la empresa de vigilancia y sólo se cambiaron las chapas y se colocó un candado en el portón “para evitar un acto vandálico”.

Este robo fue retomado por Oscar Torres Montúfar, historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien investigaba sobre la historia de la industria del azufre en el sur de Veracruz.

Como parte de su trabajo, solicitó mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) la documentación de Azufrera Panamericana, una paraestatal liquidada en 1993, pero recibió la respuesta de que los documentos ya no existían.

Un diagnóstico, lo único que queda

En 2007, el fideicomiso de Banorte contrató al Instituto de Estudios Históricos “Carlos Sigüenza y Góngora” para realizar un diagnóstico de los archivos de las empresas, mismo que recomendó hacer una mejor clasificación de los expedientes y señaló “algunos focos rojos” sobre su integridad.