A fin de inhibir los actos delictivos de quienes ya han sido condenados alguna vez, la diputada María Alemán Muñoz Castillo impulsa reformas al artículo 116 de la Constitución, con el propósito de que los estados establezcan en su legislación penal hasta 60 años de prisión para criminales reincidentes de delitos graves.

La modificación precisa el incremento de una mitad adicional a la pena privativa de la libertad que corresponda por el delito cometido, y hasta 60 años a quienes reincidan en la comisión de delitos dolosos calificados por la ley como graves, sin perjuicio de las demás disposiciones que correspondan al establecimiento de la pena privativa de la libertad.

Esto, señala la iniciativa, obedece a que el Estado mexicano adolece de mecanismos actualizados que inhiban que quien fuese sentenciado una vez no sea reincidente en la comisión de actos delictivos.

Agrega que por el contrario, las propias debilidades del sistema de impartición de justicia se han convertido en una herramienta que alienta al delincuente a cometer nuevos ilícitos.

Según registros oficiales, menos de 10 por ciento del total de delitos cometidos son denunciados, además que hay una cuestionable flexibilidad de alcanzar la libertad con el nuevo sistema penal que presupone inocencia y que se ha vuelto una controvertida “puerta giratoria para los delincuentes”.

La propuesta de la diputada priista pretende alcanzar a los delincuentes más peligrosos, aquéllos que cometen los delitos más violentos y de más afectación a la víctima, dejar de abaratar la prisión y su permanencia en ella por delitos menores, consideró.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad(Empol) 2016, elaborada por Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 25.9 por ciento de la población mayor de 18 años privada de la libertad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión vigente a la fecha del estudio (octubre de 2016); es decir, era reincidente.

Dato por demás alarmante si consideramos que el mismo Inegi reportó en 2009 una reincidencia en el ámbito nacional del orden de 14 por ciento, lo que significa un incremento de 85 por ciento en los seis años previos a la Empol de 2016.

De la encuesta de 2016 se evidenció también que 60 por ciento de esta población reincidente fue sentenciada en su ilícito inmediato anterior por robo.

Destaca que la actividad delictiva fue el modus vivendi de 70.3 por ciento de la población que estuvo privada de la libertad, porque había dependientes económicos a la fecha de su arresto.

“Los delincuentes encuentran en sus ilícitos un medio para satisfacer o para complementar sus necesidades familiares, los que sin duda otorgan premios más atractivos que los que les pudieran ofrecer los empleos lícitos a los que sí hubieran tenido acceso”.