La Secretaría de Hacienda es quien autoriza que estos fideicomisos sean creados, por lo que nadie más revisa si es pertinente el objetivo o no. Según indica la ley, la creación de fideicomisos es válida si se generan para procurar algún interés nacional, pero según indica Ruiz, este concepto es muy amplio y cualquier cosa puede definirse como “interés”.

“Nadie revisa. La ASF se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.

Por su parte, Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, debe tomarse en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan al menos la información básica disponible.

Indicó que es preocupante la gran cantidad de inversión que se hace a los fideicomisos, cada vez en aumento, sin que quede claro en qué se gasta, siendo que esos recursos son un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en la que se gasta.

Actualmente se tienen seis principales fideicomisos:

Estabilización financiera: 318 mil millones

Apoyos financieros y otros: 134 mil millones

Infraestructura pública: 130 mil millones

Pensiones: 89 mil millones

Subsidios y apoyos: 69 mil millones

Prestaciones laborales: 28 mil millones

También señaló que uno de los primeros retos es analizar cuántos fideicomisos se tienen actualmente, cuáles funcionan, cuál es su objetivo y si los recursos deben seguir destinándose a esos fideicomisos, si deben seguir operando o si se deben extinguir. “Primero revisar su pertinencia y a la par, establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que actualmente no tienen”, agregó.