En sendos comunicados, las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron contra la “ilegalidad” del memorándum suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que ordena la abrogación de la reforma educativa impulsada por el ex presidente Peña.
Encabezados por el coordinador legislativo René Juárez Cisneros, el PRI expuso que la propuesta de López Obrador “es absolutamente inviable y un desafío al Estado de Derecho que debe imperar en todo sistema democrático ya que ignora el Artículo 72 constitucional, que define que sólo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley”.
La bancada tricolor que reúne a 45 diputados federales, recordó a AMLO presidente que además el artículo 49 de la Constitución establece que “el presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo. No podrán reunirse dos o más de los Poderes de la Unión en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo”.
El PRI también hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión a pronunciarse al respecto.
Ante ello, Movimiento Ciudadano (MC), a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo, hizo un llamado a AMLO presidente para que deje sin efecto el memorándum, “ya que trastoca el equilibrio y la separación de poderes”.
La fracción parlamentaria naranja hizo hincapié en el párrafo “B” del documento formulado por AMLO presidente, el cual establece que “se dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.
“Se trata de una ruptura en el orden legal, por la petición emitida a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, de dejar sin aplicación el texto actual del Artículo 3 constitucional y las leyes que de él emanan, con ellos, AMLO presidente estaría violando disposiciones constitucionales y legales”, agregó el grupo parlamentario del MC
El memorándum, está fuera del marco legal, pues se basa en la ausencia de un acuerdo para aprobar una nueva reforma educativa, más no en facultades o responsabilidades presentes en la Constitución, dijo.
Con información de La Verdad.