Los senadores del PRI, PAN, PRD y MC volvieron a unirse. Esta vez lo hicieron para intentar frenar la   Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos con la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende evitar que ningún servidor público pueda ganar más que el mandatario del país.

Con el fin de lograr su cometido, el bloque opositor conformado por 44 legisladores del Senado de la República, presentó  una  acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Lo hicieron al filo de la medianoche, según declaró Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores perredistas, ante “el virtual desechamiento” que preveían sucedería en la Corte y bajo el pretexto de que la se viola la “independencia del Poder Judicial”.

Cuestionado por el motivo de haber promovido la acción de constitucionalidad, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado expresó:

“No se trata de ser obsequiosos con el Poder. Se trata de que en México haya una auténtica división de Poderes. No podemos permitir que desde el Ejecutivo traten ni de cooptar ni de someter al Por Judicial de la Federación. Necesitamos jueces independientes”, criticó Delgado.

Actualmente la  Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica a los trabajadores del gobierno federal, estatal y municipal en cualquier dependencia, administración paraestatal, para municipal, fideicomiso público, institución y organismo autónomo.

En la reforma constitucional del 2009, se estableció en el artículo 127 que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente de la República y que para regular esto el Congreso debía promulgar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De acuerdo con el  artículo 127 constitucional, los servidores públicos están obligados a recibir “una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.

La remuneración incluye “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

Así, el servidor público está impedido de ganar más que su superior y que el Presidente de la República, a menos que desempeñe diversos empleos públicos o realice “un trabajo técnico calificado o por especialización en su función”.

De ser este el caso, la suma de las percepciones económicas recibidas no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto, con lo cual podrían ganar un máximo de hasta 160 mil pesos, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.