Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzara contra los “jueces corruptos que liberan delincuentes del fuero común” en su mañanera del viernes pasado, en el mismo Poder Judicial ya habían comenzado a revisar los casos de juzgadores que dan protección y están al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso de algunos jueces que andan armados y con escoltas proporcionadas por ese cártel.

La orden de iniciar una “limpia” de jueces, magistrados y hasta ministros involucrados en actos de corrupción o protección a presuntos delincuentes, salió del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, bajo la lógica de que el Poder Judicial debe reformarse a sí mismo, si no quiere que lo reformen desde afuera. Por ello ordenó que el Consejo de la Judicatura reactivara de inmediato las investigaciones y denuncias contra juzgadores federales, procediendo a la destitución del juez del caso de los Porkys en Veracruz y de varios magistrados acusados en Campeche, luego de que en los últimos dos años del gobierno de Peña Nieto y de la presidencia de Luis María Aguilar en la SCJN no se procesó a ningún juez y extrañamente tenían “congeladas” las denuncias en contra de los impartidores de justicia.

Pero en la operación para “limpiar” al Poder Judicial de corrupción, no sólo se han detectado los casos de jueces corrompidos por la delincuencia organizada; también se han encontrado juzgadores que están dando protección a “delincuentes de cuello blanco” al cambiar criterios para facilitarles evadir la justicia o que no prosigan las investigaciones contra ellos. En concreto, las investigaciones internas ordenadas por el presidente de la Corte, han encontrado que hay jueces que están hasta complicando las investigaciones que solicitan agencias extranjeras como la DEA y el FBI sobre lavado de dinero y defraudación fiscal relacionadas con importantes empresarios del sexenio pasado.

Y es que antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, el equipo de transición de López Obrador identificó que se querían cambiar los criterios y mecanismos con los que la propia administración de EPN metió a la cárcel a gobernadores corruptos. Entonces el equipo de AMLO supo de varios funcionarios del sexenio pasado que, “de la mano con el ministro Eduardo Medina Mora”, impulsaron “nuevos criterios” para que para la investigación de cuentas que realiza la CNVB y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se requiriera una doble judicialización: una para abrir cuentas y otra para imputar delitos. Con ese esquema tardarían años en investigar y consignar delitos. Los peñistas buscaban, en los hechos, desarmar y desmantelar la estructura legal y fiscal con la que ellos consignaron a Javier Duarte y a Roberto Borge.

Ahora, en las investigaciones internas del Poder Judicial, aparece que otra vez, de la mano con Medina Mora, hay grupos que intentan cambiar en la Segunda Sala de la Corte los criterios para el congelamiento de cuentas en las que se sospecha existió algún delito, por lo que investiga si algunos ministros, magistrados y jueces afines al antiguo régimen siguen cabildeando —y en algunos casos suponen hasta cobrando— por estos asuntos.

El ministro presidente Zaldívar reconoció el viernes que han cesado jueces y que se reactivaron “varias investigaciones que el Consejo de la Judicatura Federal había inexplicablemente congelado”. En la Judicatura un “equipo de auditoría” trabaja de la mano con autoridades nacionales y extranjeras “para cesar y consignar a jueces corruptos”. De los más de 2 mil juzgadores federales hay pocos casos señalados, pero son figuras muy relevantes y conocidas en el ambiente legal y entre los investigados hay funcionarios desde la Suprema Corte, hasta Jueces Federales, pasando por el Tribunal Electoral Federal, a los que se les están revisado con lupa sus gastos y su forma de vida ya bajo escrutinio de investigaciones formales.

Como nunca el Poder Judicial, y con él sus jueces, magistrados y ministros están en la mira y con presiones para reformarse ellos mismos o ser reformados por los otros Poderes. La batalla —dicen en el despacho principal de la Suprema Corte— es hacia dentro y hacia afuera”. ¿La ganarán?
 
NOTAS INDISCRETAS…A propósito de denuncias contra funcionarios del Poder Judicial, en el Tribunal Electoral federal está en marcha una investigación en contra del director del Departamento de Jurisprudencia,Alejandro Santos Contreras, por denuncias de trabajadores y subalternos que acusan al funcionario de que “no se presenta a trabajar, que tiene una debilidad por la fiesta y por las ventas de departamentos”. Las denuncias, que ya han llegado al conocimiento del presidente del TEPJF, magistrado Felipe Fuentes, incluyen graves acusaciones de acoso sexual y laboral de colaboradores hombres y mujeres que están bajo el mando de Santos Contreras. “El director lleva una vida asociada al consumo de alcohol en horarios de trabajo y dice ser inamovible por el apoyo que tiene del magistrado Indalfer Infante, y que cualquier intento o procedimiento que pueda haber en su contra, el magistrado lo respaldará porque él le sabe muchas cosas”, dice una mujer que trabaja en el Departamento de Jurisprudencia y que es una de las denunciantes en contra de su director. En tarjetas internas del Tribunal, que ya son analizadas para tomar una determinación en este caso, se consigna que como parte del comportamiento en el trabajo de Alejandro Santos hay ausentismo de al menos tres veces por semana, mientras que “los acuerdos de trabajo se realizan fuera de la oficina, en cantinas y restaurantes; los invitados regulares son varones que considera subordinados leales y ahí asigna actividades a cada área”. También se consigna que el funcionario acusado utiliza su espacio de trabajo y personal de la oficina para asuntos particulares, como la compra, acondicionamiento y venta de departamentos. Sobre las denuncias de acoso sexual, se menciona por lo menos a dos mujeres, subalternas suyas, que dicen haber recibido llamadas telefónicas por las noches de Santos Contreras en estado de ebriedad, en las que las invitaba a salir, a tomar una copa o ir con ellas a su casa o citarlas en algún lugar. Los nombres de las dos mujeres se reservan por razones de seguridad, pero las dos son empleadas de la Coordinación de Jurisprudencia y refieren que al negarse a acceder a las peticiones sexuales de su jefe, fueron “castigadas” con medidas como dejarlas fuera de promociones de ascenso o con guardias hasta tarde o negarles permisos de vacaciones. ¿Harán algo con tan graves denuncias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ahora que el presidente de la Corte dice que está “limpiando” a los jueces, magistrados y funcionarios corruptos?...Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.