Con cambios de fondo que lograron en el primer año de administración una aprobación ciudadana de 61% en la política contra la corrupción, el Gobierno de México demuestra con hechos que el combate a ese flagelo es su prioridad y va en serio, afirmó hoy Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública.
Dijo que existe una mayor confianza de la ciudadanía hacia la política anticorrupción del Gobierno de México que, según el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), elaborado por Transparencia Internacional, “dio un salto histórico” de 37 puntos porcentuales, al pasar de 24% en 2017 a 61% en 2019.
El pasado 31 de octubre, explicó, la Función Pública recibió más de 31 mil denuncias y resolvió más de 9 mil investigaciones; impuso 3 mil 452 sanciones a servidoras y servidores públicos, entre las que destacan mil 263 inhabilitaciones y 257 sanciones económicas por más de 3 mil 600 millones de pesos, mientras que en materia de licitantes, proveedores y contratistas sancionó a 187 empresas y aplicó multas por mil 432 millones de pesos, 25% más que en el mismo periodo del año anterior.
Sobre el caso de la Estafa maestra, en 27 entes de la Administración Pública Federal (APF) se detectaron 611 convenios celebrados entre 2013 y 2018 con instituciones públicas de Educación Superior, y que a la fecha se han revisado 288 convenios por un monto de 35 mil millones de pesos, aproximadamente, y se continúa con la revisión de otros 323 convenios.
En cuanto a la Ley Federal de Austeridad Republicana, la secretaria Sandoval Ballesteros destacó que el Gobierno de México impulsó la transformación del marco jurídico y la regeneración ética de las instituciones y la sociedad para acabar de tajo con la simulación en el cumplimiento de la ley.
Además, entre las medidas centrales de la ley se encuentran la anulación de contratos con empresas que se hayan otorgado por tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública; la eliminación de gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía y carros de lujo, y la prohibición de crear fideicomisos públicos en materia de salud, educación, procuración de Justicia, seguridad social y seguridad pública, así como la reducción del gasto en comunicación social.
En tanto, sobre la “burocracia dorada”, sentenció que con la devolución de casi 9 mil plazas de mando y enlace, se generó ahorros por casi 5 mil millones de pesos, sin afectar a los trabajadores operativos; una baja de 30% en el costo de las mil 928 plazas de gabinete de apoyo; la disminución entre 12% y 47% en los ingresos de mandos superiores y la eliminación de más de 650 plazas, hasta octubre, con nivel de Dirección General Adjunta (DGA) que no tuvieran un sustento normativo para su creación.
Gracias a ello, el gobierno ha gastado casi 96% menos en comunicación social respecto al mismo periodo del año pasado, representando ahorros por 2 mil 500 millones de pesos”, precisó.
Respecto al combate a la corrupción, la secretaria Sandoval Ballesteros señaló que también la Función Pública acompaña de manera especial los 25 proyectos prioritarios del Gobierno de México y, particularmente, los cuatro proyectos de infraestructura más relevantes: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto “General Felipe Ángeles” de Santa Lucía.