Durante su segundo Informe de Gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador trato como uno de los temas mas iportantes y con mejores resultados el apoyo que se ha obtenido para los adultos mayores.

“Para el Gobierno de la Cuarta Transformación la población mexicana debe ser sujeta de derechos humanos y sociales, y el Estado debe ser garante de su efectividad, considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y sociales, el ciclo de vida de la persona, la participación social y comunitaria, así como la perspectiva territorial”, detalla el documento publicado por la administración obradorista.

En este sentido, fue fundamental elevar a rango constitucional algunos de los programas sociales, como la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad, las pensiones no contributivas para personas adultas mayores de 68 años en adelante —y de 65 años o más en el caso de indígenas y afromexicanas—, además del sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares del Sistema de Educación Pública.

Lo anterior, mediante el “Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado el 8 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta manera, dichos “programas sociales” se convirtieron en “derechos sociales”, lo que significa que su cumplimiento se vuelve una obligación para el Estado, mientras que la ciudadanía puede exigir su cumplimiento en cualquier momento.

Con respecto a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el gobierno puntualiza en su informe que, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, “se otorgaron apoyos económicos en al menos una ocasión a 8,351,996 personas adultas mayores (padrón acumulado), de las cuales 843,228 residen en municipios o localidades indígenas”.

“En el bimestre mayo-junio de 2020, se contó con un padrón de beneficiarios de 7,978,637 personas adultas mayores, de las cuales 800,561 residen en municipios o localidades indígenas.

“De enero a junio de 2020 se emitieron apoyos económicos directos por 105,532 millones de pesos.”

En cuanto a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se brindaron apoyos económicos —en al menos una ocasión— a 842 mil 261 personas de este sector, de las cuales, 167 mil 379 son residentes de municipios o localidades indígenas o afromexicanas.

“En el bimestre mayo-junio de 2020, el programa contó con un padrón de beneficiarios de 744,665 personas con discapacidad permanente, de ellas 136,893 residen en municipios o localidades indígenas o afromexicanas”, explica el documento.

La búsqueda del bienestar, a partir de reducir la brecha socio-económica en beneficio de los sectores más vulnerables, es el ingrediente que ha impulsado la ejecución de estos programas y que guía la política social de López Obrador; la cual, acorde con la información y los resultados, no se está quedando solo en el discurso.

Con información de Revolución 3.0