De diciembre de 2012 a febrero de 2016 los ataques a ese tipo de infraestructura aumentaron en al menos 300%, al pasar de mil 635 al inicio de su administración a más de 6 mil 159 cuando tuvo que dejar el cargo.

Entre 2015 y 2016, debido al incremento del huachicoleo, Pemex Refinación –cuyas funciones de transportación de combustible asumió Pemex Logística– firmó cuatro contratos por un total de 476 millones 523 mil pesos para la reparación de ductos durante seis meses, es decir, se trató de un gasto promedio de 2 millones 678 mil pesos diarios. Una empresa más firmó para ofrecer sus servicios de reparación por 21 meses.

Cinco empresas fueron favorecidas: Servicios Integrales Sigma, Petropipe de México, HF Construcciones, Consultoría en Obra y RAM-100 del Sureste, de acuerdo con los contratos que Proceso obtuvo vía la solicitud de acceso a la información pública 1857000015119.

A decir de un exfuncionario de Pemex, que solicitó la reserva de su identidad, las empresas beneficiadas atendieron un crecimiento “irregular y desmedido” de llamados para reparar los ductos. Incluso, esta persona reveló una sospecha que rondaba en los pasillos de Pemex: las compañías contratadas para reparar los ductos eran las mismas que los perforaban para acrecentar el negocio.

Dicha conjetura corre paralela a las declaraciones que en septiembre de 2018 dio el entonces director general de Pemex, Carlos Treviño, al diario El Universal, cuando explicó que la petrolera dejó de pagar la reparación de ductos debido al riesgo de crear un mercado que disparara aún más las perforaciones clandestinas.

No es pública la localización de la red operada por Pemex, que mide poco más de 17 mil 690 kilómetros, porque las autoridades consideran que se trata de información sensible para la seguridad nacional.

Sin embargo, las empresas contratadas para arreglar los ductos conocen su ubicación en los sectores de Minatitlán, Mendoza, Salina Cruz, Madero, Victoria, Monterrey, Torreón, Chihuahua, Bajío, Catalina y México.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) identificó que 57% de las 6 mil tomas clandestinas detectadas en 2016 están ubicadas en las zonas donde Pemex contrató a las cinco compañías para repararlas: mil 938 ataques ocurrieron en la zona de Salamanca, Guanajuato, y mil 791 en Mendoza, Veracruz.

Los beneficiados

El 27 de diciembre último, en lo que fue una de sus primeras acciones de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la operación antihuachicol. En esa ocasión denunció que desde Pemex se gestó una red de robo y venta de combustible.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que esa red de huachicoleo estaba en Pemex Logística, encargada de la operación y monitoreo de los ductos. De hecho, tres empleados de esa área fueron cesados por intervenir en el flujo del combustible para que fuera robado.

El exfuncionario de Pemex consultado reveló que existe una investigación interna sobre los contratos que fueron adjudicados a las cinco empresas para la reparación de ductos. Al respecto, Proceso buscó la confirmación de la indagatoria, pero el área de Comunicación Social no respondió a la solicitud de entrevista.

De los contratos presuntamente bajo investigación destaca el que fue asignado a Construcción y Servicios Integrales Sigma, SA de CV, compañía registrada en Monterrey.

Uno de sus socios es Crisóforo Robles Sánchez, extrabajador de Pemex Refinación, de acuerdo con el cruce de información del acta constitutiva en el Registro Público del Comercio y su declaración patrimonial en la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función Pública.

Asociado con Petropipe de México, SA de CV, Sigma obtuvo el contrato “DCPA-OP-SCC-SUD-GTD-A-27-15” por un monto de 102 millones 773 mil pesos para reparar los daños a la infraestructura causados por las tomas clandestinas en los sectores Madero, Victoria, Monterrey, Torreón y Chihuahua. Sin embargo, Pemex terminó pagando 125 millones 811 mil pesos, según se desprende de la información solicitada vía transparencia.

Esos trabajos debían realizarse en 179 días naturales a partir del 15 de junio de 2015, cuando se firmó el contrato. Un día antes, el 14 de junio, Robles Sánchez –quien estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí– dejó su trabajo como técnico en la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación.

Propiedad de César Castillo Medina y Rubén Darío Pavón Leal, la compañía veracruzana Petropipe de México, en asociación con HF Construcciones, de Jesús Manuel Hernández Fricachi, obtuvo otro de los contratos sin licitación para la reparación de ductos en Minatitlán, Mendoza y Salina Cruz.

De acuerdo con el contrato “DCPA-OP-SCC-SUD-GTD-A-26-15”, firmado el 15 de junio de 2015, el monto a pagar era de 125 millones 460 mil pesos; no obstante, la cifra ascendió a 181 millones 612 mil pesos, es decir, 56 millones 152 mil pesos más.

Sobre este caso último, Pemex Logística reservó la mayor parte de las 895 fojas del contrato y no aclara las causas del incremento. Este semanario inició un proceso ante las autoridades competentes para que la petrolera entregue la información completa.

RAM-100 del Sureste, cuyo socio mayoritario es Teodoro Ampudia Gutiérrez, obtuvo dos contratos. El primero lo consiguió el 15 de junio de 2015 en asociación con Consultoría en Obra, de Héctor Garza Geovela; el segundo lo ganó en solitario el 27 de diciembre de 2016.

El contrato “DCPA-OP-SCC-SUD-GTD-A-28-15” entre Pemex, RAM-100 y Consultoría en Obra fue por 122 millones 181 mil pesos para arreglar los ductos atacados en los sectores Bajío, Catalina y Valle de México.

Y el convenio “PLOG-018/2016” de Pemex con RAM-100 fue por 46 millones 916 mil pesos para la “atención de 30 reparaciones permanentes de tomas clandestinas en diferentes ductos del Sector de Ductos Nuevo Pemex”. En este caso, la empresa realizó las reparaciones durante 21 meses, del 29 de enero de 2015 al 21 de septiembre de 2016.

En la cuenta pública 2016, la ASF reportó que Pemex identificó 17 mil 535 tomas clandestinas entre 2011 y 2016 y un incremento de 868.5% en los costos de reparación, lo que representó un monto de 3 mil 70 millones de pesos.

La Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica de Pemex informó a la ASF que el aumento en los costos se debió a que fueron cancelados los programas y proyectos de seguridad por falta de ajustes presupuestales, pero también por la posible “existencia de algunos trabajadores de Pemex y autoridades de los tres órdenes de gobierno que participan en el mercado ilícito de combustibles”.

Con información de Proceso.