Un tema para analisar, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga el uso de recursos de una partida presupuestal “confidencial”, que habría sido utilizada por órganos de seguridad dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Además de la investigación que se reveló en días pasados a la partida 33701, se analiza la número 55102 “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”, cuyo uso fue 135 por ciento mayor de lo autorizado por el Congreso de la Unión en el sexenio pasado, y de la cual se beneficiaron principalmente la Policía Federal y el Cisen.

De esta forma, esta partida pasó de 5 mil 361 millones a 12 mil 619 millones de pesos.

En esta investigación se han identificado erogaciones que superan los miles de millones de pesos, y se analiza cómo se emplearon los fondos públicos, cuáles fueron los resultados de distintas compras millonarias a contratistas privados y si realmente era necesario omitir las licitaciones y contratar mediante adjudicación directa.

Estas investigaciones se suman a las de otros delitos que enfrenta gran parte de la estructura de mando y administrativa de la Policía Federal del Gobierno de Peña Nieto.

Tan sólo el sábado pasado se dio a conocer que un juez emitió órdenes de aprehensión contra 19 funcionarios de dicha corporación, por los delitos de delincuencia organizada “con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Muchos de estos funcionarios, dependientes de la Segob y su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvieron cargos administrativos y ejercieron recursos públicos para la adquisición de equipo de seguridad pública.

Las compras fueron justificadas por dependencias como la Policía Federal, el Cisen, la Segob y el órgano administrativo desconcentrado de Readaptación Social con cargo a partidas específicas.

En el caso de la Segob -dependencia de la que dependían la Policía Federal y el Cisen- el gasto con cargo a la partida 55102 llegó, a lo largo del sexenio, a poco más de 20 mil millones de pesos, de los cuales solo 13 mil millones fueron autorizados por la Cámara de Diputados.

El resto -7 mil millones- fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin el visto bueno del Legislativo, para compras “urgentes y extraordinarias”.

¿En qué se gastó?

La coartada de justificar compras urgentes y confidenciales para la seguridad pública y nacional ha llevado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a indagar sobre los gastos ejercidos en partidas como la 33701 y la 55102.

Sobre la primera, se analiza la forma en que fue empleada por distintas dependencias para soslayar el proceso de licitación, lo cual, según varias autoridades, abría la vía a un ejercicio altamente discrecional.

En el caso de la partida 55102, el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal indicó que ésta debía utilizarse únicamente para “asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales”.

Lo anterior significa que, el espectro de uso que puede tener es tan amplia que bien podría ser usada para la renta de un avión o la compra de un automóvil, si ello permite continuar con una investigación de alta confidencialidad o peligro.

Una revisión a la Cuenta Pública de 2018 da cuenta de cómo la Policía Federal de Peña Nieto habría pagado un sobreprecio de hasta 25 veces el costo real por una solución de monitoreo de redes y localización.

De igual forma habría hecho transferencias a empresas en el extranjero, sin relación con el contrato, así como la asignación, sin un estudio de mercado previo.

También pagó por equipos que no fueron entregados y pagó a servidores públicos, sin documentación ni soporte sobre su ejercicio o informe de resultados; o bien, destinó millones a servicios de patrullaje y vigilancia extraordinarios, que no fueron comprobados.

Con información de Polemón.