Un juez del Poder Judicial del estado de Chiapas determinó cambiar la medida cautelar de Gerardo Vicente Grajales Yuca, pasando de Prisión Domiciliaria a Libertad con Firma Periódica cada 15 días con Prohibición para Salir del Estado, en tanto concluye el plazo solicitado por la Fiscalía General del Estado para concluir su investigación.

Tras su captura –hace tres semanas–, luego de lo cual fue enviado al penal de El Canelo, en Chiapa de Corzo, no cesaron las marchas y protestas de la comunidad médica, amigos y familiares para exigir la libertad de Grajales Yuca, y lograron que se le dictara prisión domiciliaria.

Este viernes el juez determinó cambiar la medida cautelar de Gerardo “N”, pasando de prisión domiciliaria a libertad con firma periódica cada 15 días, con prohibición para salir de Chiapas, en tanto concluye el plazo que solicitó la Fiscalía General del estado para terminar la investigación del caso.

En una misiva, el Poder Judicial precisó que el cambio de medida cautelar obedece al análisis jurisdiccional y con libre determinación del juez, que de manera objetiva –subrayó– atiende las solicitudes de las partes para ejercer justicia con total apego a Derecho.

La resolución referente al caso del médico Gerardo “N”, abundó, fue autorizada en una audiencia realizada dentro de los tiempos y formas de ley, en un ejercicio del 14 de agosto de 2020.

El médico urgenciólogo Gerardo Grajales Yuca, de 41 años, encabezó un equipo médico de 90 personas que en varios turnos atiende a pacientes no derechohabientes, en un área especial denominada Bunker VIP, del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).

En ese Bunker VIP pasaron muchos funcionarios del gobierno estatal, políticos y familiares para recibir atención médica tras contagiarse de covid-19, pero uno de ellos, Miguel Arturo Ramírez López, falleció el pasado 7 de julio. Como consecuencia de ese deceso, la hija de la víctima denunció penalmente al galeno por el delito de abuso de autoridad, porque –dijo— le pidió comprar medicamentos y equipo médico, cuando se supone que eso había en el nosocomio.

La detención del urgenciólogo provocó la indignación de la sociedad chiapaneca, que se organizó con marchas y protestas en varias ciudades del estado de Chiapas y otras localidades del país.

El médico ha alegado ser inocente del delito que se le imputa, y considera que más bien es una traición porque salvó la vida de muchas personas que pasaron por esa área especial para pacientes con privilegios.

Con información de Proceso.