Siguen saliendo a la luz el gran número de desvios de fondos que se realizaron en administraciones pasadas, especialmente durante el mandato de Peña Nieto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desvió 2 mil 371 millones de pesos entre 2013 y 2019, el periodo de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Los recursos se declararon ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como el pago a 250 empresas que resultaron fantasma.

Un reportaje de Zorayda Gallegos en el periódico El País demostró que ninguno de los altos mandos que autorizaron las compras ha recibido una sanción por el ejercicio de OPERoperaciones que podrían incurrir en el delito de defraudación fiscal, realizado a través de las empresas factureras, es decir, aquellas que son compañías inexistentes que emiten facturas de operaciones simuladas.

En octubre de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, luego de varias reuniones con el sector empresarial, llegaron a un acuerdo para hacer ajustes en materia fiscal para combatir a las empresas factureras, aclarando que no se actuará contra contribuyentes.

Los gastos incluyeron la compra de grava, arena, concreto, artículos de papelería, de limpieza, uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias, losetas, renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas, servicios de lavandería y hasta el mantenimiento de plantas eléctricas y de aguas residuales.

La información obtenida por El País destacó que los más de 2 mil millones de pesos fueron desviados a través de 11 mil 175 comprobantes digitales que amparan la contratación o la compra de bienes y servicios para decenas de instalaciones militare como campos, cuarteles y guarniciones a lo largo del país. La Sedena no emitió ningún comentario al respecto de los presuntos desvíos identificados.

Algunas de las instalaciones que supuestamente se vieron beneficiadas con estas compras fueron el Heroico Colegio Militar; el Museo Nacional de la Cartografía; un parque eólico, ubicado en el Itsmo de Tehuantepec; el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados; el Campo Militar 37-D en Santa Lucía, en el Estado de México; la Escuela Militar de Sargentos; la Dirección General de Administración y en el ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.

Otros de los rubros en los que se detectó el desvío de fondos fue en la ejecución de labores de mejora en caminos rurales o carreteras en el camino de entrada a los cuarteles del Ejército mexicano. También para obras de mantenimiento o adecuación de bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil, además de 15 hospitales militares.

El reportaje descubrió que las facturas falsas demostraban reparaciones en las unidades médicas por un valor de 115 millones de pesos, entre 2013 y 2018, por supuestos insumos médicos. Las obras justificadas se habrían realizado en los hospitales Militar de Zona en Ixtepec, en Oaxaca; Militar Regional de Puebla; de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan, en el Estado de México; Regional de Especialidades en Mérida; además de en la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar.

Las facturas falsas demostraban reparaciones en las unidades médicas por un valor de 115 millones de pesos. 

Por el concepto de obras civiles, la Sedena realizó pagos por 50 millones de pesos para la instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava viveros forestales ubicados en los estados de Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato e Hidalgo, en las unidades conocidas como Perote, Ameca, Pueblo Viejo, El Sauz, Sarabia y Zimapán.

El País aseguró que la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena comprobó gastos por 51.5 millones de pesos para empresas distribuidoras de papel.

Entre 2014 y 2015 se encontraron contratos con las empresas “Advertising and Digital Effects” y “Producciones Siehj” por los servicios de masajes e hidratación; también para el suministro de playeras y medallas, además de la organización de eventos deportivos, como una carrera conmemorativa de la Fuerza Aérea Mexicana y para la carrera titulada “La gran fuerza de México”.

Sólo en 2013 la Sedena entregó a empresas fantasma 619.4 millones de pesos. La compañía “Construglobal de Chiapas” fue una de las más beneficiadas, con la erogación de 312.7 millones de pesos, entre 2013 y 2014, para la contratación de servicios de renta de maquinaria de construcción que se habrían empleado en la rehabilitación de la unidad habitacional militar de Cintalapa, en el estado de Chiapas.

La Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar facturó 260.5 millones de pesos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento. De acuerdo con un reportaje anterior de el mismo medio, “DRM Aceros Internacional” se encargó de elevar los precios de los bienes contratados por la Sedena. La Auditoría Superior de la Federación alertó de este caso, por lo que la empresa fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019, pero ninguno de los mandos militares (Generales) al frente de la división resultó sancionado.

Durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador El País encontró dos facturas, emitidas en abril de 2019, por 1.1 millones de pesos cada una por la “Constructora Mendoza López”. Las transacciones se realizaron cinco meses antes de que la empresa fuera calificada por el SAT como una empresa fantasma. de acuerdo con la investigación, la constructora se constituyó en 2002 en el estado de Tabasco.

La “Constructora Mendoza López” suministró y colocó material pétreo en la calle principal entre una unidad habitacional militar y el vivero forestal del campo número 30-E, en el municipio de Cárdenas en Tabasco. El invernadero es parte del programa oficial “Sembrando Vida”.

Una de las personas que fundó la empresa tabasqueña fue José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario del municipio de Cárdenas quien, de acuerdo con el periódico, se ha proclamado amigo de Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco.

En las anteriores Administraciones, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Sedena ejecutó obras de infraestructura encargadas por dependencias federales o Gobiernos estatales. Estos contratos le fueron adjudicados sin licitación, sino directamente bajo lo previsto por la Ley de Obras. El País mostró que estos convenios resultaron en la subcontratación de privadas para la ejecución de las obras.

Por ejemplo, en el caso de la adjudicación directa para la construcción del hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), Zorayda Gallegos encontró 168 facturas falsas para la construcción de la barda y camino perimetral, además de la pista seis del puerto.

Tres firmas recibieron pagos por 184.1 millones de pesos para el suministro de materiales (tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero), además recibieron pagos por servicios de soldadura, supervisión de la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles.

“Comercializadora en General Hercalop” fue beneficiada con los contratos, entre enero y febrero de 2018, pese a que desde agosto de 2017 fue exhibida por el SAT como una presunta empresa fantasma.

Para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en la localidad de San Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca, la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmaron un contrato, en mayo de 2013, para la ejecución de la primera etapa de la obra. El convenio ascendió a 284.9 millones de pesos, por lo que la Sedena subcontrató a una serie de proveedores que realizaron las labores por las que fue contratadas. Tres de estas empresas ya fueron declaradas como fantasma por el SAT, aunque recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara.

El reportaje destacó que, en respuesta a una solicitud de información, la Sedena dio a conocer que, entre 2013 y 2019, sólo cuatro miembros de las Fuerzas Armadas resultaron sancionados por los procedimientos contractuales elaborados con facturas falsas. Los elementos penalizados fueron el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos.

Los nombres de los militares fueron omitidos por la Secretaría, pero sí informó que los castigos estuvieron relacionados con la adquisición de acero a la empresa “DRM”. La sanción fue la suspensión, durante seis meses, que inició en el mes de septiembre y que a la fecha ya culminó.

Por su parte, la SFP explicó que 21 elementos de la Sedena también han recibido sanciones como amonestaciones;  tres fueron suspendidos por un mes y uno más resultó inhabilitado por un periodo de tres meses. Los cargos y los nombres de los efectivos militares tampoco fueron revelados por la dependencia.

Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT anunció, el pasado mes de junio, que la dependencia ha presentado denuncias penales contra las empresas factureras. Para las investigaciones se citará a quienes recurrieron a ellas. En conferencia de prensa explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.

“Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a incrementar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino que también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”, agregó.

El Ejecutivo de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales grupos de estas factureras. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un fraude fiscal de 24 mil 583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y de 11 mil 396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.

Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.

“Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el Presidente estas empresas vienen proliferando desde 2010 y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras. A medida de que pasa el tiempo, se van al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar”, sostuvo.

Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó que la primer ocupación será atacar a quienes venden las facturas falsas, a quien constituye las empresas. “Se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilares a salario. Se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentara las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salario, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, añadió.

Ese mismo mes el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios. Dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.

“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.

En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional pero sigue estando en la parta baja de la clasificación, al ocupar la posición 130 de 180 países evaluados.

Con información de Sin embargo.