El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez “El Bronco”, debe aclarar el destino de 614 millones 650 mil 939 pesos que recibió en 2018 del Fondo Metropolitano y que debía ser invertido en el desarrollo de la entidad.

A decir de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la suma deberá resarcirse a la Hacienda Pública.

Los fondos estaban orientados a la promoción del desarrollo local y quedaron a cargo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General.

De los 583 millones 105 mil 100 pesos que se le otorgaron al Gobierno estatal, éste se comprometió sólo con 196 millones 190 mil pesos, dejando los 386 millones 914 mil restantes “pendientes de reintegrarse a la Tesorería de la Federación”:

No obstante, la ASF indicó en el informe de auditoría 2018-A-19000-19-1103-2019 que los recursos que sí se comprometieron no se devengaron ni pagaron al 31 de marzo de 2019, por lo que también deberán ser reintegrados a la cuenta bancaria de la Tesofe.

De igual manera, los rendimientos financieros generados suman un total de 3 millones 520 mil 256 pesos, los cuales tampoco se reintegraron.

Sobre los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), por un total de 123 millones de pesos transferidos al gobierno de Nuevo León, la ASF ha indicado que el daño a la Hacienda Pública Federal suma 28 millones 25 mil 630 pesos, compuestos por irregularidades que tienen que ver con mala administración de recursos y los intereses generados.

Los municipios de Cadereyta de Jiménez y Cerralvo abrieron dos cuentas bancarias cada uno para la recepción de los recursos, y así, mientras una cuenta producía intereses, la otra no era productiva.

De esta manera, se dejaron de recibir 304 mil 497 pesos y 120 mil 531 pesos respectivamente.

Cedereyta de Jiménez, además, hizo unatransferencia de recursos a otra cuenta bancaria por 900 mil pesos, mismos que devolvió a la cuenta bancaria original “pero sin sus intereses correspondientes por 9 mil 653 pesos”, según demuestra la Auditoría.

Cerralvo, por su parte, no reintegró, o por lo menos no lo hizo hasta octubre de 2019, los intereses no ejercidos y los pagos no realizados, conforme a la normativa por un monto total de 4 millones 176 mil 575 pesos.

También el municipio de Santa Catarina habría cometido un probable daño contra la Hacienda Pública, por 12 millones 737 mil 249 pesos, por hacer pagos después de los plazos establecidos en la normativa.

Sobre la inspección de las obras contratadas, la ASF indico que Cerralvo pagó 1 millón 546 mil 212 pesos por obras no ejecutadas que formaban parte de la “rehabilitación de la Unidad Deportiva Bicentenario”.

Dicha obra también reveló que el municipio “no aplicó penas convencionales por atraso injustificado en la terminación de los trabajos por causas imputables al contratista”, con un monto que asciende a 293 mil 235 pesos.

Por su parte, en San Nicolás de los Garza se realizaron pagos en exceso por tres obras por un total de 8 millones 494 mil 165 pesos; además, el municipio tampoco aplicó penas por atraso injustificado del contratista, por un monto que llegó al millón 343 mil 510 pesos.