Durante la conferencia matutina de este día del Presidente López Obrador, Álvarez Lima reveló que en 2014 se creó este fideicomiso con el objetivo de subsidiar a la comunidad escolar para la integración de bebederos con suministro continuo de agua potable.

Detalló que el fiduciario fue Bansefi, con aportaciones de cuatro mil 519 de recursos fiscales para obtener la meta de bebederos instalados.

El director general de Canal 11, José Antonio Álvarez Lima, reveló que el fideicomiso del programa de Escuelas de Excelencia, ejercieron dos mil 31 millones de pesos y sólo se instalaron 20 mil 543 bebederos de los de 31 mil 279 bebederos proyectados.

El funcionario destacó que actualmente sólo funcionan 10 mil 900, y ahora ya hay nueve mil 600 bebederos inservibles.

Y es advirtió que los bebederos instalados tienen una vida útil de sólo dos años, además de que su mantenimiento cuesta dos mil 400 pesos mensuales, dinero que tendrán que pagar las comunidades escolares.

“Su tecnología (de los bebederos) es inadecuada, ya que requiere de acometidas hidráulicas y eléctricas que sólo existen en las ciudades y no en las zonas rurales donde más se requieren”, señaló.

Añadió que cada bebedero tuvo un costo de 153 mil 900 pesos y se compraron sin estudios de mercado ni análisis de experiencias internacionales similares.

“Las adquisiciones se realizaron la margen de la ley usando la figura del fideicomiso para simular su cumplimiento“.

En ese sentido dijo que si bien el el programa fue creado, este “se distorsionó por la corrupción, hay demandas en los tribunales. La improvisación, sin experiencia de las empresas que los instalaron y con irresponsabilidad, sólo funcionan el 35 por ciento“.

Por último dijo que dicho fideicomiso al parecer fue diseñado para adquirir equipos caros y de sólo de dos años de vida útil que requieren de mantenimiento y reparaciones frecuentes.

“El costo de este fiasco lleva a la fecha dos mil 31 millones de pesos de gasto“, sentenció.

DENUNCIAN ANTE LA FGR A PEÑA NIETO Y CHUAYFFET:

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto y los dos exsecretarios de Educación Pública (SEP) en su mandato, Emilio Chuayffet Chemor y Aurelio Nuño, fueron denunciados en la Fiscalía General del República (FGR) por una trabajadora del Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional (IPN), identificada como Sara Bertha Olivares Ocadiz, quien acusa al exmandatario y los dos exfuncinarios de su gabinete de tortura y acoso laboral.

De acuerdo a la denuncia presentada por el abogado Eduardo Llanos se refirió a lo sucedido en el tiempo de la administración de Peña Nieto y explicó que “estos exsecretarios de Educación Pública tuvieron conocimiento pleno, fehaciente, tenemos las pruebas suficientes para acreditarlo de que estaban ocurriendo este tipo de actos, este tipo de delitos; omitieron realizar cualquier conducta para frenar y garantizar los derechos humanos de mi cliente...".

Agrega que conocieron este asunto Aurelio Nuño Mayer y Emilio Chuayffet Chemor sin obtener ninguna respuesta y señala que "esta tortura lleva desplegándose por espacio de 11 largos años dentro de este Instituto y se acudió en su momento al señor expresidente Enrique Peña Nieto, también tenemos prueba fehaciente de que él tuvo conocimiento”, agrega el litigante al presentar la denuncia.

Víctima de tortura y acoso laboral se dice haber sufrido Olivares Ocadiz por muchos años hasta que fue despedida hace 11 años de manera injustificada de su trabajo que realizaba en el Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Asimismo en la publicación de Excelsior, aclara que ella ganó la demanda laboral y como marca la ley fue reinstalada en su centro de trabajo, pero después se enfrentó a muchos maltratos y acoso laboral.

Ocadiz de profesión contadora acudió con su abogado a las instalaciones de la FGR en Insurgentes 20 en la colonia Roma de la Ciudad de México para presentar la denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación contra el expresidente Peña Nieto y los dos esxretarios de Educación Pública.

Entre los malos tratos que recibió en las instalaciones politécnicas, ella enumera al representante social que recibió malos tratos y hasta maltrato en su trabajo, debido a que no le daban un lugar en donde trabajar y tampoco tenía un espacio en donde permanecer en el Centro de Lenguas Extranjeras de este Instituto.

También afirma que dentro del acoso laboral ella fue enviada a trabajar en una bodega y no en la oficina en donde se desempeñaba ella regularmente en su trabajo.

El abogado Llanos atribuye la conducta mencionada a dos periodos en la SEP, cuando ocuparon la titular de la dependencia, primero Emilio Chuayffet Chermor y después Aurelio Nuño Mayer quienes conocieron del caso. Agrega que ante la cerrazón en la dependencia se acudió ante el entonces presidente Peña Nieto y no hubo ningún resultado.

De los tres exfuncionarios, el litigante asegura que tiene las pruebas fehacientes que tuvieron conocimiento y particularmente destaca que se cuentan con elementos que se entregarán a las autoridades federales de que el exmandatario de México si conoció el caso de la contadora y la tortura y acoso laboral que ella vivía en el IPN.

En la denuncia ante la FGR se encuentran varios servidores públicos y exservidores públicos que señala la denunciante que incurrieron en esta conducta, y dice que "todos ellos están nombrados, cada uno de los jefes de departamento que realizaron estas prácticas".

Precisa que ella durante los once años ha recibido insultos, agravios y tratos muy crueles, que corresponden a la escuela en donde ella está asignada, pero añade a más funcionarios públicos como los encargados de las áreas jurídico y directores generales.

También, la contadora exige el cese de estas conductas de acoso y abuso laboral que de acuerdo a lo que expone siguen todavía, y que llevó a que en su declaración señalara a autoridades directivas del Instituto Politécnico Nacional.

Con información de Proyecto Ambulante.