Un video de cámaras de seguridad ha desatado indignación en redes sociales tras mostrar el momento en que un taxista sustrae un teléfono celular del interior de una tienda de abarrotes ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Misión de las Flores, durante la madrugada del pasado viernes.

El hombre, identificado como operador del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”, ingresó al establecimiento aparentemente para realizar una compra, pero aprovechó un descuido del empleado, quien buscaba los productos solicitados, para tomar el celular que se encontraba sobre el mostrador y abandonar el lugar sin pagar.

El celular contenía información escolar; usuarios exigen justicia

El dispositivo robado pertenecía al joven que atendía la tienda, quien denunció que el celular contenía información académica relacionada con sus estudios universitarios. La familia afectada difundió el video en redes sociales, solicitando apoyo para recuperar el aparato y identificar al responsable.

La publicación generó múltiples comentarios de usuarios, quienes exigieron que el taxista devuelva el celular y que las autoridades competentes intervengan para esclarecer el caso. Hasta el momento, Luis Herrera Quiam, secretario general del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” y actual secretario general del ayuntamiento, no ha emitido declaraciones sobre el incidente.

Los afectados también señalaron que, tras presentar la denuncia, no han recibido respuesta ni apoyo de ninguna autoridad, lo que ha generado preocupación por la falta de seguimiento y por la aparente impunidad en casos de robo menor.

¿Qué sanciones contempla la ley por robo simple en Quintana Roo?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Quintana Roo, el robo simple sin violencia puede ser sancionado con:

• De 6 meses a 3 años de prisión, dependiendo del valor del objeto robado.
• Multas económicas equivalentes al monto del daño causado.
• Inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas o sindicales, si se demuestra abuso de confianza.

Si el caso se judicializa y se comprueba la identidad del responsable, podría enfrentar acciones penales, además de sanciones administrativas por parte del sindicato o el ayuntamiento.