Los programas sociales del gobierno de López Obrador buscan llegar a más beneficiarios y de forma más directa a todas y todos ellos. 

Se reveló que en el mejor de los casos tienen un alcance del 85 por ciento entre la población censada; sin que sea un comparativo directo, en el anterior gobierno 39 de 132 programa llegaron al menos del 65 por ciento de los beneficiarios potenciales. Ese es parte del reto para la actual administración.

Hasta mayo de 2019 se supone que todos los programas que integran la política social del presidente López Obrador han sido lanzados ya en todo el país, lo que los convierte en uno de los pilares de su gobierno; el propio mandatario reveló que en el caso de los apoyos a adultos mayores llevan una dispersión de recursos del 85 por ciento, pues de la meta de ocho millones de adultos mayores, 6 millones 500 mil ya han recibido su dinero de manera regular.

El camino no ha sido tan fácil, según lo reconoció de manera consistente el propio mandatario, quien en sus conferencias matutinas y en uno que otro evento en los estados, salía al paso de los señalamientos de retrasos y “atorones” en las entregas. Las escenas de adultos mayores durante abril reclamando en tiendas y en oficinas la falta de depósitos quedaron como testimonio de los problemas que había que superar

En ese caso se trata del programa más emblemático y promesa fundamental de campaña del político tabasqueño. Hay que tomar en cuenta que en mayo concluyó el Censo del Bienestar, levantado casa por casa desde el periodo de transición; a partir de ahí los llamados superdelegados están entregando los recursos a 14 millones de personas de manera directa con tarjeta bancaria para evitar “los moches” de los considerados “intermediarios”. Los estados con mayor población urbana, incluso en Ciudad de México, han sido todo un reto para una cobertura correcta.

Por supuesto que hay más obstáculos por superar, según expertos de la política social se menciona la carencia de un diagnóstico completo y posiblemente equivocado; la opacidad en los procesos y que el enfoque sea atender solo las necesidades urgentes y no fomentar la independencia económica. La “ventana de oportunidad” es que esto ocurre en el primer tramo del Gobierno Federal por lo que todo es corregible.

Frente a ello, los saldos del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto en este rubro. Durante 2018, el 85.71 por ciento de los programas sociales del gobierno federal, a los que se invirtieron 620 mil 034 millones de pesos, tuvieron un desempeño inferior al óptimo y/o fueron opacos, según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INIDEP).

De igual manera se indica que, 49 programas tuvieron un “escaso alcance” o niveles “mediocres de atención”; otros nueve más resultaron “mejorables”, lo que significa que alcanzaron niveles aceptables de cobertura pero no cumplen con todos sus objetivos principales. En total, la administración de Peña Nieto invirtió 398.2 mil millones de pesos para estos programas.

Más aún, solo 11 programas obtuvieron la clasificación de “alto potencial” de desempeño, es decir que fueron adecuados y alcanzaron al 80 por ciento de la población.

Esa es la experiencia que tendría que aprender la administración de López Obrador; los analistas consideran que la manera de contrarrestar esos “vicios” es corregir gradualmente, ofrecer información sólida, transparente y actualizada, es decir, un Padrón Único de Beneficiarios por demás depurado. El resto del proceso se puede solventar con diferentes logísticas pero la base es saber con plenitud hacia dónde van los apoyos.