Por: Gabriela Tapia Tellez 

La renuncia de Germán Martínez al IMSS la semana pasada puso sobre la mesa el problema en materia de operación y atención a los derechohabientes que implica el recorte presupuestal de Hacienda a las instituciones de salud en México. La razón detrás de los recortes tiene que ver por supuesto con la máxima del actual gobierno que es: combatir la corrupción en todos sus niveles y en todas las instituciones. Aunque el combate a la corrupción en el sector salud es primordial, las decisiones presupuestales en la materia no deben permear sobre el derecho constitucional y humano de los individuos a la salud y sí sobre las fuentes de corrupción en cada institución.

En la muy atinada carta, por ejemplo, Germán Martínez es muy claro en su posición respecto al tema de la corrupción en compras públicas en el IMSS y lo cito “no defiendo a farmaceúticas, ni a proveedores o constructores. El motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS”. Y es que por supuesto que uno de los serios problemas en materia de corrupción que enfrentan las instituciones de salud sí está en la compra de medicamentos.

El  sexenio pasado en el IMSS, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,  (2015-2018) el IMSS compró medicinas por más de 526 millones de pesos a Marzman, una empresa propiedad de Luis Doporto Alejandre, hijo de un integrante del Consejo Técnico del IMSS, Héctor Doporte Ramírez. Como se puede ver en la siguiente tabla, los contratos del IMSS a favor de la empresa Marzam antes de que su padre fuera parte del Consejo Técnico eran mucho menores. 

Entre 2002 y 2014, las compras acumuladas del IMSS a Marzam sumaron 95 millones de pesos, mientras que entre 2015 y 2018 los contratos se multiplicaron a más de 526 millones de pesos, cinco veces más que antes de que se padre fuera parte del Consejo. 

El 04 de marzo de este año, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad solicitó al IMSS una postura sobre la multiplicación de los contratos a Marzam a partir de que Doporto adquirió la empresa y su padre ingresó al Consejo Técnico del IMSS, sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta. 

El caso de la empresa Marzam es sólo un ejemplo de los muchos actos de corrupción que se dan en las compras públicas en las instituciones de salud en México. Si queremos combatir la corrupción en las instituciones de salud, comencemos por hacerlo con quienes se han enriquecido en los últimos años a costa del erario público y la salud de los mexicanos y no a costa de los sectores menos beneficiados de la población, que son precisamente quienes acuden a atenderse en el IMSS todos los días.