Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), enfrenta una orden de aprehensión por posibles irregularidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios del gobierno federal indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Interpol la emisión de ficha roja en contra de ambos personajes para lograr su captura a nivel internacional. 

Indicaron que el último reporte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración ubica a a Tomás Zerón en Canadá, nación a la que ingresó en octubre del 2019, es decir, seis meses antes de que se librara la orden de captura en su contra, la cual fue concedida hace ocho días. 

En 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dio a a conocer un video, en el que se observa a Tomás Zerón de Lucio, en el Río San Juan, en Cocula, en una diligencia con Agustín García Reyes, El Chereje, sicario de Guerreros Unidos. 

Los expertos indicaron que se pudo haber manipulado pruebas en ese lugar, el 28 de octubre de 2014, fecha en la que se hallaron dos bolsas de plástico en el afluente que contenían restos óseos quemados; una de las bolsas tenía fragmentos que correspondían al estudiante Alexander Mora Venancio. 

Asimismo, se ve cómo el director de la AIC se aparta del grupo para realizar una llamada telefónica para que fuera resguardado el lugar, y entabla comunicación con el área científico forense para que acudieran al sitio. 

Posteriormente, se puede apreciar que Tomás Zerón realizó un recorrido por la orilla del río, acompañado por personal de la PGR. 

El recorrido terminó alrededor de las 16:00 horas y en la imagen se ve a los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, este último que actualmente trabaja como secretario técnico del GIEI. 

Al respecto, Zerón respondió que su presencia en el río San Juan, en Cocula, el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se localizaran las bolsas con restos óseos quemados que presuntamente pertenecen a los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue legal, ante representantes de la ONU y periodistas.

Los funcionarios precisaron que las detenciones de ayer por asuntos de tortura en el Caso Ayotzinapa se dan en el contexto de las denuncias penales presentadas ante la FGR por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando Raúl González Pérez estaba al frente del organismo.

Con información de Milenio.