Cabe recordar que, desde 2004 ya se había involucrado en el tema, al desempeñarse como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía (Sener) que estaba a cargo de Calderón durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Con el escándalo desatado a causa de las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acerca de millonarios sobornos entregados a legisladores para aprobar la Reforma Energética, vale la pena dar seguimiento puntual a los nombres revelados en el caso.

Ernesto Cordero, expanista y extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la administración de Felipe Calderón, es uno de los personajes implicados junto a Ricardo Anaya y sus entonces compañeros de bancada que habrían recibido 52 millones 380 mil pesos para abrir el camino hacia la privatización energética.

Posteriormente, ya como secretario de Desarrollo Social, formó parte del Consejo de Administración de Pemex y también se incorporaría al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego de su paso por el Senado, donde aprobó la reforma peñista junto a Francisco Domínguez, hoy gobernador de Querétaro; Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas; entre otros, en el 2018 daría su respaldo al candidato del PRI, José Antonio Meade, lo cual le costó la expulsión de su partido en 2019.

Cordero anunció su retiro de la política diciendo que se dedicaría a dar clases, “emprender proyectos en la vida privada”, “el ejercicio libre” de su profesión como actuario y economista, hacer consultorías, “y ya”.

Sin embargo, una investigación del periodista Julio C. Roa difundió que “Ernesto Cordero brincó del Senado a los negocios en el sector energético”, gracias a los resultados e implicaciones de la reforma que apoyó.

El expanista se integró a la empresa GFI, establecida en Houston, Texas, al igual que César Nava, según información que, ante las declaraciones de Lozoya, fue borrada del portal de la compañía.

Se trata de una trasnacional que tiene intereses en el sector energético y goza de acuerdos con Pemex, desde que la Reforma Energética abrió las puertas a la iniciativa privada extranjera.

Acorde con su página web, GFI maneja un portafolio de distintos negocios, enfocados a energía, bienes raíces, construcción, servicios financieros, corredores de seguros y negocios agroindustriales, detalló Roa.

De igual forma, el periodista subrayó que “tienen un proyecto ya encaminado en la refinería de Salina Cruz (Oaxaca); es una red de distribución marina de gas natural líquido”.

Según una carta pública del director de la empresa, Genaro Gómez, existe la intención de “diseñar, construir y operar una planta de licuefacción de 500 mil toneladas al año de gas natural líquido; por eso solicitan un préstamo de 250 millones de dólares a una organización llamada OPIC”.

Por otra parte, un área de GFI, denominada Fuel Market LP, solicitó a las autoridades de EE.UU. un permiso para exportar energía eléctrica a México.

Cordero, en consecuencia, no solo se habría beneficiado de los sobornos expuestos por Lozoya para la aprobación de la reforma, sino que además gestó su futuro en el ámbito privado, recurriendo a las “puertas giratorias” al igual que Georgina Kessel —exsecretaria de Energía— y el mismo Calderón, quienes obtuvieron puestos en Iberdrola, tras su salida de la administración pública.

Con información de Revolución 3.0