La administración de Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno de la Ciudad de México siempre ha estado inmersa en escándalos de corrupción, abusos de autoridad y tráfico de influencias, y parece que lo que hoy se publica en En Universal confirma muchas de éstas pretensiones.
De acuerdo con una nota aparecida hoy en este diario nacional , Uriel Oliva Sánchez, Notario Público 215 en la CDMX, estaría siendo investigado por presunto lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien además ordenó bloquear las cuentas bancarias y financieras de la Notaría con sede en Polanco, además de congelar también las cuentas de su esposa y de dos empresas vinculadas a la pareja.
Se sabe que el notario Uriel Oliva tiene una relación muy cercana con Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la CDMX y actual senador de la República, Oliva Sanchéz fue el notario personal que escrituraba sus propiedades.
La nota referida explica que “según el requerimiento 110/F/B/5063/2020, cuya copia está en poder de esta columna, la UIF pidió bloquear y congelar todo tipo de cuentas bancarias y financieras a nombre del mencionado notario con base en el acuerdo 90/2020 y como parte de una investigación que fue promovida ante esa instancia y ante la Fiscalía General de la República en la que se denuncia al llamado “Cártel Inmobiliario” que operó en la Ciudad de México durante el sexenio pasado y en el que se involucra, además del notario Uriel Oliva, a Simón Neuman, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno capitalino, y a su socio Fausto Galván Escobar, quien fuera coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de Miguel Ángel Mancera”.
Estos dos personajes, Neuman y Galván, formarían parte del denominado “Cártel Inmobiliario” que operó con todas libertades y privilegios durante la pasada administración, operación que trajo problemas legales, urbanos y sociales a la ciudad.
Desde el 2018 se ha documentado la existencia de una red de corrupción entre funcionarios públicos, políticos y desarrolladores inmobiliarios que violentaron todos los reglamentos y normas ambientales y de construcción en la Capital, todo ello durante la administración mancerista y con señalamientos de protección del propio ex jefe de Gobierno.