“No se trata de hechos aislados sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional. Una conspiración de Estado para beneficiar a Braskem–Idesa y a sus socios en el Gobierno”, destaca la denuncia de hechos por el posible desfalco a Pemex de mil 935 millones de pesos en el Complejo Etileno XXI, hoy en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos privilegios que recibió desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Ésta historia de corrupción coincide con las declaraciones hechas recientemente por Emilio Lozoya, en las que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda, por su presunta participación en esta red de corrupción y por haber autorizado los sobornos.

“No se trata de hechos aislados sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional. Una conspiración de Estado para beneficiar a Braskem-Idesa y a sus socios en el Gobierno”, se lee en el documento.

El Fiscal, Alejandro Gertz Manero, indicó que Lozoya señaló al Gobierno de Felipe Calderón por haber brindado ciertos privilegios a la planta petroquímica Etileno XXI, relacionada con una compañía mexicana, socia de Odebrecht.

Agregó que Lozoya aseguró que “se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.

Dichos privilegios formarían pare de un “pacto de impunidad entre las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto”, explicó para el portal Sin Embargo el abogado Paulo Díez Gargari: “Por un lado la operación la hizo Luis Videgaray (Con Peña) y del otro José Antonio Meade (con Calderón).

Este entramado comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, el 6 de noviembre de 2009, cuando Braskem e Idesa ganaron la subasta promovida por Pemex Gas y Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, para suministrar 66 mil barriles diarios de etano, que serían usados como materia prima en el complejo petroquímico de Coatzacoalcos, Veracruz.

En febrero de 2010 Pemex adjudicó al consorcio un “Contrato de suministro de etano” por un periodo de 20 años; entonces, Braskem-Idesa invirtió 5 mil 200 millones de dólares para diseñar, financiar, construir, poseer y operar una planta de etileno y dos o tres de polietileno con la infraestructura de servicios y de accesos.

En abril de 2011, en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex presidida por el entonces secretario de Energía, José Antonio Meade, el consejero Rogelio Gasca Neri propuso suspender el Complejo Etileno XXI hasta que se aprobaran las modificaciones a los contratos, incluido el Contrato de Suministro, pero el presidente del Consejo no acató la propuesta.

Este esquema de presunta corrupción se consolidaría con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, con una operación para blindar el Complejo Etileno XXI que duró 10 días y abarcó las dos administraciones.

“Siete días antes de terminar el sexenio de Calderón, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se incrementa el impuesto a la importación del polietileno. El decreto debía entrar en vigor el 1 de enero de 2015, unos meses antes de la fecha de inicio de operaciones del Proyecto Etileno XXI”, señaló Díez Gargari.

En ese entonces quedó pactado que se iniciarían operaciones a más tardar el 20 de junio de 2015, previo a un año de pruebas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no se generó valor económico ni rentabilidad para Pemex en 2016, pues se empezó a operar hasta marzo.

Ya en la administración de Peña Nieto, y con Emilio Lozoya como director de Pemex, Pemex formalizó en diciembre de 2012 un contrato por adjudicación directa de “Servicios de Transporte de Etano” por ducto, para suministrar el etano al complejo Etileno XXI.

El proyecto contempló la construcción de un etanoducto de 226 kilómetros, para conectar los centros de procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el Complejo Etileno XXI, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al Complejo Etileno XXI.

Dicho esquema representaría una pérdida para Pemex de 3 mil 642 millones de pesos por la diferencia entre el costo de haber importado el gas natural caro y venderle a Etileno XXI el gas etano barato.

Pero eso no fue todo, también hubo penalizaciones por 2 mil 800 millones de pesos porque Pemex se comprometió a venderle etano que no pudo suministrar.

En julio de 2015, el Consejo de Administración de Pemex autorizó que el monto del contrato por 20 años y 6 meses de vigencia por el transporte pasaría de 982 millones de dólares a mil 346 millones de dólares, con una tarifa anual de 65 millones 746 mil dólares por cambios de diámetros en los ductos, de válvulas, instalación de calentadores y problemas sociales que ocasionaron cambios de ruta.

Con información de Polemón.