El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet, aerolínea propiedad de Grupo Coral, de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2 mil 947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora Desconcentrada de Recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, por el presunto no pagó del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al valor agregado y multas en 2017, 2018 y 2019, revelan documentos en poder de Forbes México.

Forbes México pidió información al respecto y solicitó una entrevista con ejecutivos de la empresa, pero su equipo de comunicación sólo refirió que no sabían de los embargos emprendidos por el SAT y que procurarían revisar internamente la situación. A la hora de publicación de este artículo no se tuvo más información.

El 4 de septiembre de 2019, la empresa de Miguel Alemán Velasco se amparó para que el Servicio de Administración Tributaria no hiciera público el embargo de sus bienes y marcas desde el año pasado.

“No hay ningún rescate de Interjet, siempre ha estado bien y está bien la empresa. Son puras suposiciones”, dijo  Miguel Alemán Margani,  presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, al ser cuestionado por la situación financiera de su línea aérea en febrero de 2020, cuando asistía a una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El empresario mexicano acusó en ese momento de golpes bajos de la competencia y enfatizó que lo importante son los hechos de la aerolínea mexicana.

Asimismo, en noviembre, ante versiones que indicaban un embargo de los activos de Interjet por orden judicial de cuentas y empresas de Alemán Magnani por una denuncia de Sistema Radiópolis, de Televisa en el caso de la compra de su cadena radial, el ejecutivo afirmó que esa información era errónea.

Los propios abogados argumentaron para obtener el amparo que el análisis de los resultados financieros de los ejercicios de 2013 a 2018 muestra pérdidas acumuladas que podrían interpretarse como una quiebra técnica.

Otro factor es que la empresa no ha podido colocar deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ni otorgar como garantía de pago un predio en Baja California Sur, con un valor de 999 millones 193 mil pesos.

“Se le causaría un daño de imposible reparación al hacerse público el embargo con cargo a caja del que es objeto, pues con ello laceraría la imagen comercial y su prestigio ante el público consumidor”, escribió Raúl López Martínez, apoderado de ABC Aerolíneas, o Interjet, en la Demanda de Amparo Directo que presentó en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México.

El 17 de febrero de 2020, los abogados de ABC Aerolíneas se desistieron de la demanda de amparo interpuso en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que no hiciera público el embargo de sus cuentas bancarias y bienes.

El juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa informó que Interjet se desistió de la demanda de amparo sin que se hubiera llegado a dictar sentencia sobre la legalidad de la actuación del SAT.

La aerolínea solicitó la protección de la justicia federal en contra de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el presidente de la República por la discusión, aprobación y expedición del Código Fiscal de la Federación, en particular los artículos 153, 165, 166 y 167 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 “En razón de no acreditar, en este acto que se realizó el pago o haber garantizado el crédito fiscal que se detalla en el mandamiento de ejecución que antecede a la presente acto, se procede al embargo de bienes suficientes propiedad del contribuyente deudor”, señalan los embargos entregados por el SAT a Raúl López Martínez, apoderado legal de ABC Aerolíneas.

Al abogado de la aerolínea mexicana le informaron que podía designar dos testigos y, si no lo hiciera al terminar la diligencia los personas se negarán a firmar, tales circunstancias no afectan la legalidad del embargo, agrega el SAT.

El gobierno quita protección al contribuyente; SAT tendrá más dientes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá mayores facultades para realizar una mayor fiscalización a los contribuyentes, mientras que estos quedarán menos protegidos ante el recorte presupuestario que se propone para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La miscelánea fiscal del 2021 propone diversos cambios que limitan a los contribuyentes en diversos aspectos, como el tiempo para solicitar un acuerdo conclusivo o para evitar la cancelación del Certificado del Sello Digital (CSD); así como implicar a terceros en un aseguramiento precautorio, según la propuesta que se debe aprobar a más tardar el 20 de octubre por la Cámara de Diputados.

La Prodecon, por el contrario, cuenta cada vez con menos recursos. Para 2021 se propone un presupuesto de 738.6 millones de pesos, una reducción del 18.9%, respecto al que se le asignó en 2019 por 911.1 millones de pesos, según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021.

La Procuraduría tiene tres principales funciones: actuar como defensor de los derechos de los contribuyentes; recibir quejas de las personas físicas y morales cuando exista un comportamiento  arbitrario de las autoridades, y ser un mediador en los acuerdos conclusivos entre un contribuyente y el SAT, expuso Nora Morales, socia de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.

 Las tres funciones de Prodecon son esenciales y cualquier recorte que se le haga en su presupuesto, no favorece a los pagadores de impuestos

dijo la especialista.

Los recortes presupuestarios que se le hicieron en este año implicaron el cierre de 16 delegaciones; además, las arcas del gobierno podrían dejar de percibir alrededor de 4,500 millones de pesos, cantidad que se ha ingresado por el concepto de acuerdos conclusivos, indicó Prodecon en un comunicado en julio de este año.

Gobierno busca ingresos ante crisis

El gobierno busca recaudar más a través de dotar con mayores herramientas al SAT, el problema es que estas nuevas facultades recaen en el mismo grupo de pagadores de impuestos, consideró Manuel Toledo, socio de impuestos y servicios legales de PROACTIVE Tax & Legal.

“Para 2021 se propone una ampliación a las facultades al SAT para tener mayor información de los contribuyentes, a pesar de que ya se cuenta con el buzón tributario, el CDFI, el correo del contribuyente, celular y nombre de los contribuyentes”.

A esto hay que sumar la reforma contra las factureras que se hizo el año pasado, donde la defraudación fiscal de cualquier tipo se puede equiparar como un delito de delincuencia organizada.

En los acuerdos conclusivos, Prodecon sirve como mediador entre el contribuyente y las autoridades fiscales, es decir, no está a favor ni en contra de los dos, sino que escucha a ambas partes y analiza los pros y contras de cada uno para lograr un acuerdo, expuso Morales.

Prodecon emite la admisión de un acuerdo conclusivo e identifica los hechos u omisiones calificados por la autoridad revisora, respecto de los cuales se solicita la adopción del acuerdo.

El Código Fiscal de la Federación da un plazo de 20 días hábiles máximo para que la autoridad fiscal responda. Este tiempo se quiere limitar a 15 días, de acuerdo con la miscelánea fiscal.

Esta propuesta solo complicará más la relación entre el contribuyente y el SAT, pues el acuerdo conclusivo está hecho justamente para evitar pleitos judiciales entre los contribuyentes y el SAT que pueden duran años,

La recaudación por acuerdos conclusivos a favor del SAT dejaron al erario recursos por 6,507 millones de pesos, en el primer semestre del 2020. De los 136 acuerdo, el 80% correspondió a grandes contribuyentes.

Cancelación del Certificado de Sello Digital será inmediata

Otro aspecto en el que se busca obtener mayores ingresos es a través de la cancelación inmediata del Certificado de Sello Digital (CSD).

Actualmente, el SAT suspende el sello digital hasta que termine el proceso de audiencia de algún contribuyente, quien tiene 10 días para presentar pruebas de su situación fiscal.

La miscelánea fiscal propone la cancelación inmediata, pues pareciera que cree que todos los contribuyentes son Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), expuso Toledo.   

“En estos casos, Prodecon es un medio alternativo de solución de controversias, ha servido mucho tanto a los contribuyentes que quieran resolver una diferencia con la autoridad como también le ha servido al gobierno para recaudar”.

Morales agregó que también se deja desprotegidos a los contribuyentes en materia de aseguramiento precautorio de bienes a terceros relacionados con un tercero.

“Si mi esposo es el que debe al fisco, un día pueden llegar las autoridades fiscales a mi casa, preguntar por él y si no está, a mi me pueden asegurar mis bienes, lo cual es inconstitucional”, expresó la especialista.

El que se le sigan recortando recursos a Prodecon  implica que si la miscelánea fiscal se aprueba tal como la presentó el Ejecutivo, muchos contribuyentes no podrán estar bien asesorados, coincidieron los expertos en materia fiscal.

Con información de Forbes México y El Ceo.