Redacción
Una de las revelaciones que
surgieron tras la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de
la Defensa Nacional, en los Estados Unidos es sin duda que durante los sexenios
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estaban tomados por el narcotráfico.
La acusación en su contra, que
lo vincularía con el Cártel de los Beltrán Leyva –o al menos a una facción de
éste: el Cártel H-2–, apunta claramente el tamaño de la corrupción que privó en
los gobiernos pasados.
De resultar ciertas las
imputaciones del gobierno de Estados Unidos contra el general Cienfuegos, el
más alto mando de la defensa de México –sólo por debajo del entonces presidente
de la República, Enrique Peña– se habría sujetado a los intereses de una rama
violenta de la criminalidad, favoreciendo la crisis humanitaria que asola a la
nación, a cambio de dinero.
La Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA) señala que el exsecretario de la Defensa recibía sobornos
para beneficiar el negocio criminal del Cártel H-2, y por ello sus subordinados
detenían y torturaban a los enemigos de ese grupo, le permitían traficar
impunemente drogas prohibidas y armas, y también que ejerciera violencia sin
enfrentar consecuencias penales por ello.
El tema es sumamente grave: la
Secretaría de la Defensa Nacional es la institución encargada de “defender la
integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la
seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades
públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso
del país; prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las
personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas en caso de
desastres”.
Además, en el contexto de la
violencia que Calderón heredó a Peña, en la Sedena descansó una de las
políticas más importantes del gobierno en turno: la lucha contra el crimen
organizado en su combate frontal, que costó miles de vidas no sólo de civiles,
sino también de militares que estaban bajo las órdenes de un jefe presuntamente
corrupto. Es decir que el general no sólo sería responsable de conspirar o
recibir sobornos, sino sobre todo de los crímenes asociados a estos actos de
corrupción, incluidas las ejecuciones.
Pero ya de por sí es grave el
solo hecho de aceptar pagos de la delincuencia organizada, pues al corromper al
secretario de la Defensa, el narcotráfico –en este caso el Cártel H-2– se puso
por encima de los intereses de la nación. De ser así, Cienfuegos Zepeda cedió
su mando a los criminales y puso a disposición de éstos una fuerza armada de
más de 250 mil militares, porque en la disciplina del cuerpo castrense los
efectivos jamás rehúsan cumplir una orden de su mando.
Aunado a ello, resulta
imposible pensar que si el general se corrompió ante un grupo criminal –según
la DEA, el Cártel H-2–, fue ético e impecable en las otras áreas de su
competencia. Casi en automático, su detención pone en duda toda su labor como
secretario de la Defensa Nacional, todas sus decisiones deberían ser escrutadas
a partir de ahora.
Tampoco resulta creíble que su
jefe, el expresidente Peña, fuera ajeno a esta corrupción. Por ello es urgente
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordene una investigación a fondo
que analice tanto las finanzas de los involucrados, como la toma de decisiones
en los casos emblemáticos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.
Así, el proceso judicial en
Estados Unidos es una oportunidad en México para acabar con la impunidad al más
alto nivel. Y si hasta ahora el general Cienfuegos y el expresidente Peña no
eran objeto de investigaciones sobre su presunta participación en crímenes como
la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, es momento de que se les abra un expediente en ese sentido. Sólo así
podremos saber exactamente hasta dónde llegó la colusión del crimen organizado
con el Ejército Mexicano y por qué se ha querido ocultar la verdad en ése y otros
actos de lesa humanidad.
Con información de Nancy
Flores y Contra Línea
Cienfuegos tenía de cómplices
a Cártel H2
Desde el 2012, la agencia
antidrogas de Estados Unidos, DEA, había escuchado en diversas intervenciones a
comunicaciones realizadas entre miembros de la delincuencia organizada el apodo
de un alto funcionario mexicano al que llamaban "Padrino”. Fue hasta 2017
que lograron saber que se trataba del entonces Secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido la semana pasada en Los Ángeles,
California, y quien fue presentado ya en la Corte de Distrito Este de Nueva
York. Cienfuegos es acusado de narcotráfico y de haber recibido sobornos por
parte de una célula del Cartel de los Beltrán Leyva conocida como "El
Cartel H2".
El general recibió de la
organización de los Beltrán Leyva un teléfono Blackberry previamente manipulado
técnicamente por la DEApara estar intervenido. El aparato fue filtrado por la
Agencia en ese circuito criminal, a través de un informante. Quien le dio el
teléfono al entonces Secretario de la Defensa Nacional de México (Sedena) no
sabía que el aparato estaba "truqueado". De acuerdo con la
información que obtuve, la propia DEA nunca habría imaginado que el aparato
llegaría finalmente a las manos de "Padrino”.
Con información de DW