La Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de Interpol para localizar a los exfuncionarios, de acuerdo con los primeros reportes. Las oficinas centrales de la oficiana, en Lyon, Francia, emitieron la ficha.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, exsecretarios generales de la Policía Federal, por lo que son buscados en 195 países.

El pasado 10 de agosto, un Juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, entre ellos Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la extinta Policía Federal.

A los exfuncionarios se les señala por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, por casi 3 mil 500 millones de pesos.

Se les acusa de haber desviado recursos mediante compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje. Las órdenes de aprehensión fueron liberadas, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentara una denuncia contra los 19 exfuncionarios.

Frida Martínez Zamora, quien fue colaboradora cercana del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, tramitó un amparo contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El amparo fue tramitado el 31 de agosto y el 17 de septiembre se informó que fue admita a trámite por un juez federal con residencia en Toluca, Estado de México.

Según argumentó la exfuncionaria en su solicitud de amparo, familiares le informaron que en diversos inmuebles ubicados en el Estado de México algunas personas que se identificaron como agentes policiales han preguntado por ella y buscado información sobre sus domicilios, horarios y actividades.

Frida Martínez se encargó de cuestiones administrativas durante su paso por la PF, que en la pasada administración dependía de la Secretaría de Gobernación. También se desempeñó como representante de Osorio Chong ante el Instituto Electoral antes de que el priista se convirtiera en Gobernador de Hidalgo.

Por su parte, Jesús Orta, quien después de ser secretario general de la Policía Federal, asumió la dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, solicitó en agosto una amparo contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada.

En septiembre, el juzgado octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda y le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en agosto que su exsecretario de Seguridad era investigado por la federación.

“Tuvimos conocimiento que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República por sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, de la solicitud de su renuncia”, dijo la mandataria capitalina.

Sheinbaum Pardo aseguró que Orta había superado los filtros de confianza que la ley exige.

“Los funcionario que entran por ley a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en altos cargos tienen su revisión de confianza, que en este caso es federal. Estamos totalmente de acuerdo con erradicar la corrupción”, apuntó.

También conformó que la Contraloría General lo investiga. “Hay un trabajo de la Contraloría muy importante porque cuando nosotros recibimos el Gobierno, de igual manera, cuando sale el titular, viene una entrega-recepción y una revisión; entonces, a partir de ahí es que la Contraloría hace su trabajo y ya el propio controlador puede informales de acuerdo con el trabajo que ha realizado y los debidos procesos, si ha encontrado alguna irregularidad”, señaló en conferencia virtual el 14 de agosto.

FRIDA MARTÍNEZ, COLABORADORES DE OSORIO CHONG: FGR

Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal (PF) y cercana al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, recibió 102 cheques provenientes de la partida Gastos de Seguridad Pública Nacional por mil 192 millones 662 mil 447 pesos, que no cuentan con justificación o sustento de gasto según datos de la causa penal 500/2019.

La abogada hidalguense es señalada en este expediente por peculado, pues del 16 de febrero de 2015 al 29 de diciembre de 2017, supuestamente distrajo recursos de cuentas bancarias pertenecientes a la PF, según arrojó la auditoría 30/2019, que realizó el 19 de agosto del año pasado el órgano interno de control en la dependencia, en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

De acuerdo con el área jurídica de la PF, la exfuncionaria era la encargada de administrar estos recursos, y según la Fiscalía General de la República (FGR) los utilizó para su beneficio y el de otras personas. 

Martínez Zamora se desempeñó como secretaria general de la PF del 16 de mayo de 2014 al 25 de enero de 2018, y durante los ejercicios fiscales 2014 a 2017 se emitieron 102 cheques con cargo a la cuenta 0111315870.

La auditoría arrojó que de la partida 33701, denominada Gastos de Seguridad Pública y Nacional, Martínez Zamora distrajo recursos por mil 192 millones 665 mil 447 pesos de cuatro cuentas del banco BBVA Bancomer: 195193281, 198513627, 103485064 y 109892621, pues ella tenía acceso a estas al ser la responsable de la administración a cargo de la comisaría de la Secretaría General de la PF. 

La supuesta distracción de estos recursos se realizó mediante la emisión de 102 cheques que fueron expedidos del 16 de febrero de 2015 al 29 de diciembre de 2017. 

En 2015 fueron 37 cheques por 483 millones 625 mil 700 pesos: dos pagos en febrero por 16 millones 698 mil 200 pesos; tres en abril por 26 millones; seis en mayo por 15 millones 600 mil pesos; dos en junio por 34 millones; tres en septiembre por 4 millones 650 mil; cuatro en octubre por 56 millones 577 mil 500 pesos; seis más en noviembre por 135 millones, y 11 en diciembre por 195 millones 100 pesos. 

Para 2016 fueron 37 cheques por un total de 512 millones 270 mil 38 pesos. En febrero expidió uno por 40 millones; en marzo tres, por 53 millones 107 mil pesos; abril, cinco cheques por 150 millones de pesos; tres en mayo por 105 millones; tres en junio por 23 millones de pesos; dos en julio por 38 millones; dos en agosto, de 2 millones 414 mil pesos; tres en septiembre por 3 millones 453 mil pesos; dos en octubre por 3 millones 179 mil 800 pesos; tres en noviembre por 6 millones 225 mil 200 pesos, y diez en diciembre por 87 millones 891 mil 38 pesos.

En 2017 fueron 28 cheques por 196 millones 796 mil 708 pesos. Uno en febrero por 261 mil 36 pesos; dos en marzo por 5 millones 400 mil pesos; uno en abril por 1 millón 200 mil pesos; cuatro en mayo por 56 millones 550 mil pesos; cuatro en junio por 33 millones 753 mil 172 pesos; cuatro en julio por 7 millones 850 mil pesos; uno en agosto por 1 millón 400 mil pesos; tres en septiembre por 13 millones 955 mil 500 pesos; tres en octubre por 7 millones 500 mil pesos; en noviembre expidió un cheque por 2 millones, y cuatro en diciembre por 66 millones 900 mil pesos.

Estos documentos fueron endosados a nombre de terceras personas: Leonel Orozco Padilla, Eduardo o Everardo Guzmán Linares, María Sosa y Verónica Tlauitzo Pérez, pero se desconoce el motivo del endoso, según detalla la causa penal 500/2019 a la que tuvo acceso}.

Dichos cheques nominativos carecen de justificación o sustento de gasto que estuviera asociado a alguna investigación o acción policial, o que su utilización se realizara por la existencia de un riesgo, urgencia o confidencialidad extrema. Además, la resolución de la auditoría precisa que no se encontró documentación comprobatoria del gasto, es decir, no hay evidencia alguna del destino del recurso.

De igual forma, el órgano interno detalló que no se encontraron informes finales de la investigación o acción policial especial, con relación de gastos de los mismos. Tampoco hubo registro confidencial de claves de informantes y no se rindieron los informes relacionados con el ejercicio de la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública Nacional” conforme a la norma. 

La SFP reveló que en la auditoría transversal 03/2019 advirtió que de 2013 a 2018 se expidieron diversos cheques nominativos a favor de Frida Martínez Zamora sin que estuvieran justificados. En 2014, por 580 millones 64 mil pesos; 2015, 391 millones 63 mil pesos; 2016, 604 millones 27 mil pesos y 2017, 196 millones 72 mil pesos, lo que da un total de mil 773 millones 26 mil pesos, los cuales corresponden a la partida 4310, denominada: “Transferencia de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.

En esta causa penal, la FGR solicitó liberar una orden de aprehensión pues había necesidad de cautela y posible riesgo de sustracción; sin embargo, el 29 de noviembre de 2019 rechazó la petición el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

Los argumentos fueron que la FGR fue omisa en recabar información relativa al recurso económico con que cuentan los investigados, así como su arraigo, pues según el juez no se realizó ningún acto de investigación tendiente a obtener las cuentas bancarias personales e indagar la posible ubicación de Frida Martínez Zamora.

El 8 de agosto, un juez de control con residencia en el penal del Altiplano, liberó órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), entre ellos la abogada hidalguense, por su presunto involucramiento en desvíos de recursos y adquisiciones con sobreprecio durante el periodo 2012-2018.

La exfuncionaria policial, el 3 de septiembre solicitó un amparo contra la orden de arresto en su contra por delitos contra delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con información de Sin Embargo.