Ante la presentación como testigo colaborador a la Fiscalía General de la República que ha ofrecido Emilio Zebadúa, cercano Rosario Robles Berlanga, involucrada en la llamada Estafa Maestra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “está en su derecho de hacerlo”.

Sin embargo, enfatizó que este “es un asunto muy feo, muy bajo, de descomposición porque si se participa en un grupo y luego hay estas vendettas, deja un ambiente de mucha descomposición, pero así estaban las cosas, así estaba de podrido”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario expuso que existe este mecanismo legal que antes no se aplicaba, para garantizar que no lo castiguen tanto. Acaba de darse un caso que pasó desapercibido, pero que va a ser revisado, lo del procurador de Nayarit que lo condenaron a 20 años de cárcel porque actuó como testigo protegido”.

ZEBADÚA, EL OPERADOR CLAVE DE LOS DESVÍOS MULTIMILLONARIOS DE LA ESTAFA MAESTRA

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Zebadúa González, otrora fiel Oficial Mayor de Rosario Robles Berlanga, fue el operador clave de los desvíos multimillonarios realizados desde las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues él firmó todos los convenios con entidades estatales que sirvieron para desaparecer miles de millones de pesos, en esquemas conocidos como “Estafa Maestra”.

El hombre, quien durante años negó cualquier irregularidad durante sus gestiones al frente de las finanzas de estas instituciones, se apegó la semana pasada al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) y, según el diario Reforma, a cambio de “inmunidad penal” y prometió pruebas que mostrarían cómo los propios Peña Nieto y Robles orquestaron los desvíos para financiar campañas electorales del PRI.

Para salvarse de la cárcel, el exfuncionario tendrá que entregar evidencias robustas, pues él resultó fundamental en la operación de los esquemas ilícitos desde el frente del equipo de Robles, en el cual permaneció incluso después que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenciara por primera vez el desvío multimillonario realizado con recursos de la Cruzada Contra el Hambre, en febrero de 2015.

De hecho, en reiteradas ocasiones la ASF documentó cómo las operaciones de “simulación de servicios” con entidades públicas estatales y empresas fantasmas fueron diseñadas y realizadas directamente desde la oficina de Zebadúa y de sus colaboradores más cercanos, quienes entregaban a los funcionarios estatales contratos con proveedores fantasmas ya elaborados y listos para firmar.

Informes de auditoría también mostraron cómo funcionarios de la Sedatu y la Sedesol también entregaban a los funcionarios estatales cajas con “entregables”, por los cuales simularon la contratación de empresas, con la finalidad de enseñarlas a los auditores en caso de revisión.

Es más: cinco exfuncionarios del equipo de Robles señalaron una casa ubicada en el número 125 de la calle Tennyson, en Polanco, como uno de los “centros de operación” para realizar y falsificar documentos. Este domicilio es de Zebadua: el hombre lo obtuvo el 31 de agosto de 2000, por 6 millones 400 mil pesos, de acuerdo con los antecedentes registrales del inmueble en posesión de Proceso.

Zebadúa también fue señalado por Juan Manuel Portal, quien dirigió la ASF durante la mayor parte del sexenio pasado; en febrero pasado, durante las audiencias previas a que la Cámara de Diputados aprobara someter a Robles a un “juicio político”, el exauditor declaró que informó a Robles y Zebadúa sobre los desvíos desde 2014, y a pesar de ello las triangulaciones de recursos no pararon en los siguientes cuatro años.

Y recordó: “En una reunión en mi oficina con el equipo y con la señora (Robles), su oficial mayor (Emilio Zebadúa González), el que manejaba todo, me informaron que ya estaba toda la comprobación afuera, en un camión, que tenía 65 cajas. Pedí que fueran a ver las cajas y eran, como dije, basura: fotocopias de mil cosas que no tenían ninguna relación con los pagos”.

El 21 de febrero de 2018, en un circo mediático organizado por Robles en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la entonces titular de la Sedatu acusó a Reforma de “personalizar” las observaciones de la ASF en su contra, y se deslindó de cualquier irregularidad durante su gestión.

Zebadúa firmaba todo

Al poco tiempo, la mujer –encarcelada desde hace un año y medio--, se retiraba hacia su camioneta y dejó el micrófono a Zebadúa, quien trató de exonerar a la Sedesol y la Sedatu de las reiteradas observaciones de la ASF, con argumentos poco convincentes. Aquella ocasión, reconoció a una pregunta expresa de Proceso que él mismo había firmado todos los convenios auditados por la ASF.

Comentó: “A la fecha, después de cinco años de gestión de la secretaria Robles en Sedesol y en Sedatu, no ha habido una sola sanción de ningún carácter administrativo o de otro tipo contra un funcionario público de ambas secretarías”.

En aquella ocasión, Proceso preguntó al funcionario cómo explicaba que ocho instituciones públicas estatales, separadas por miles de kilómetros, adjudicaron contratos millonarios a las mismas empresas fantasmas de la Ciudad de México y el Estado de México, con declaraciones fiscales en cero y domicilios falsos.

El hombre balbuceó: “Que haya coincidencia de empresas en varios convenios pues tiene que ver más bien con la, eh… con el universo de proveedores de bienes y servicios a gobierno que existen en el país. No nos puede sorprender que una empresa cualquiera pueda participar en uno o en n número de procesos de adjudicación para proveer bienes y servicios. Ahí está la coincidencia”.

Dos años y medio después, la mentira se cayó por sí misma: según Reforma, el hombre --acorralado por la justicia-- ofreció a la FGR pruebas que muestren cómo los recursos desviados fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la república durante el sexenio pasado, y ofreció balconear a otros exfuncionarios que participaron en los actos ilegales.

La semana pasada, Robles acusó la FGR de inducirla a ella y a “excolaboradores” a denunciar a “excolegas” del gabinete de Peña Nieto para recuperar su libertad o no pisar la cárcel.

Con información de Contralinea.