Carlos Salazar Lomelí, criticó la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar la subcontratación conocida como outsourcing. Con una metáfora sobre manzanas podridas y la tala de árboles, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Para poder quitar una manzana podrida, lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles. Dices: ¡no jodan! En vez de quitar las manzanas podridas talan los árboles y nos quedamos sin nada”, comentó en una reunión con la vicepresidencia de Asuntos Fiscales y de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En la reunión virtual, en la que también participaron el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, y el coordinador de Canaco-Servytur, José Manuel López Campos, entre otros, Salazar Lomelí consideró que los empresarios pueden “ser hacedores de política pública”.

Es más, “la política pública no se la podemos dejar nada más a los políticos porque al final sus intereses a veces son o de corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias que eso tiene en nuestras actividades”, subrayó.

Y el mejor ejemplo que encontró para defender su argumento de que la iniciativa privada debe involucrarse en el sector público son los problemas a los que se están enfrentando por la eliminación de tajo del outsourcing, “una práctica que fue mal utilizada por algunos”, reconoció.

“El ejemplo del outsourcing es un maravilloso ejemplo de cómo una orientación que puede ser muy positiva, mal implementada puede tener consecuencias desastrosas para la economía, como hemos tratado, hemos intentado hacerle ver a la autoridad, a veces sin mucho efecto, sin mucha suerte de poderlos convencer”, señaló.

Es el proceso mediante el cual una empresa contrata a otra para subcontratar trabajadores en áreas “especializadas” y reducir los costos laborales a los patrones.

Así, las empresas se ahorran de tener un departamento encargado de pagar los salarios de los trabajadores, cubrir gastos de seguridad social, fondos de pensiones, IMSS, ISR, módulos de recursos humanos, control de tiempo, asistencia y reclutamiento, selección y contratación temporal de personal, prima vacacional, prima de antigüedad, utilidades, aguinaldos, prestaciones de ley, entre otras.

Desde 2007 proliferaron las empresas encargadas de subcontratar mano de obra barata para la planta industrial, pues lo hacían de manera individual, no colectiva, violando la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, este modelo se implantó en México desde 1982.

Aunque el fenómeno del outsourcing es mundial, en México se agudizó la inestabilidad en el empleo porque los trabajos temporales no generan antigüedad y se evita pagar despidos costosos, injustificados, no se amplía el periodo de vacaciones ni se cubren las prestaciones que pudiera tener un trabajador sindicalizado.

En la actualidad, alrededor de 8 millones 200 mil empleos están registrados en el IMSS bajo este sistema de subcontratación, y quienes han mal utilizado este recurso laboral han causado pérdidas al erario por más de 21 mil millones de pesos anuales, reconoció el director del IMSS, Zoé Robledo, en marzo pasado.

La reforma de AMLO contra el outsourcing:

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este jueves una iniciativa de reforma para acotar el outsourcing en el país, la cual enviará a la Cámara de Diputados.

Según el mandatario e integrantes de su gabinete, el outsourcing o subcontratación laboral ha sido aprovechada por empresarios para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores.

De esta forma, los principales impactos de al reforma, de aprobarse tal cual en el Congreso de la Unión, serán los siguientes:

Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.

Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.

Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.

Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.

La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.

Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberé expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.

Para lograr todo lo anterior, la iniciativa contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

Con información de Proceso.