Recientemente, el medio de noticias El Universal, reveló que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la Capufe cometió corrupción en contrataciones, pues adquirió artículos a sobreprecio. Quien detectó estas irregularidades fue el Órgano Interno de Control (OIC), mismo que encontró irregularidades también en adquisiciones además de anomalías en la gestión y control de diversas plazas de cobro. Sin embargo, ninguno de los 13 delegados y subdelegados involucrados tuvo sanción alguna.

De acuerdo con El Universal, el castigo para estos servidores públicos se dio luego de que se diera el cambio de administración. Por lo menos cinco de ellos fueron inhabilitados, mientras que la Función Pública suspendió o amonestó a ocho  durante el primer año del gobierno de López Obrador acusados de“negligencia administrativa”.

Por su parte, el OIC realizó una revisión  a medio centenar de auditorías  en Capufe entre 2013 y 2018 se detectó que diversas delegaciones adquirieron artículos y servicios que se encontraron con sobreprecio en comparación a los ofertados en el mercado además de que en algunas plazas de cobro había trabajadores que recibían un sueldo a pesar de que no se presentaran a laborar.

El Universal dio a conocer que en los reportes de hallazgos se lee que las diferentes delegaciones autorizaron pagos indebidos y se fraccionaron contratos para brindar adjudicaciones directas y evitar licitaciones, a la par de que en diversos procedimientos se omitió comparar las propuestas económicas de los licitantes.

En diversas contrataciones se omitió llevar a cabo estudios de mercado para que se pudiera acreditar que las compras aseguraban condiciones optimas respecto al precio y calidad de los bienes adquiridos y se realizaron pagos sin  contar con autorización presupuestal.

Cabe señalar que en la delegación regional VII Reynosa, en Tamaulipas, en2014 se detectaron deficiencias en la operación y administración de la línea exprés para la recaudación de los ingresos y luego de un análisis de lo recaudado bajo el concepto de peaje se determinó que la compañía de traslado de valores contó con desfases en los depósitos de ingresos, otros fueron no identificados y algunos más se encontraron como anticipados.

Por su parte, el OIC recomendó al entonces delegado Marcos Amaro Olivares Olvera mejoras. El funcionario siguió en el cargo luego de que la 4T llegará a Palacio Nacional, y en marzo de 2019 la SFP castigó a Olivares Olvera. Para julio de ese año finalmente renunció al puesto que ejercía desde 2013.

De acuerdo con El Universal, en una auditoría de 2017 hecha a una serie de adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por la delegación regional X de Monterrey, zona norte, bajo el mando de Tito García Herbert,se detectó que varios contratos se fraccionaban para evitar así la licitación pública.

Con información de El Universal.