Redacción

Contundente y sin titubeos, así fue se plantó el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al asegurar que se seguirá informando de “todo el cochinero” que dejaron las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ese sentido, el Ejecutivo Nacional mencionó el caso de la “privatización de los reclusorios”, que significan 15 mil millones de pesos de renta anual, de 8 o 10 centros, para 10 mil internos.

Asimismo, López Obrador añadió que quienes en los contratos de los reclusorios se establecen como proveedor, contratista o como empresa que construye el predio son los mismos que ponen las cámaras de vigilancia, el servicio de alimentación, de lavandería, servicio médico y de vigilancia, para que al final el Gobierno pague por utilizar las instalaciones. Sin embargo, recalcó que esto termina costando lo “equivalente a mantener un hotel cinco estrellas”.

Cabe recordar que, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, prometió que se reducirían los costos tanto económicos como sociales de las cárceles del país; y además aseguró que se contribuiría a que la reinserción a la sociedad de los reclusos fuera más fuerte, pero, al igual ocurrió lo mismo que la refinería que no construyó y los crímenes que no resolvió. Por lo que ahora existen 11 mil 533 personas afectadas.

La privatización de cárceles federales tuvo sus inicios en México en 2010. Recordemos que en aquel entonces el país llevaba cuatro años sumido en una guerra contra el narcotráfico que provocó que la tasa de homicidios dolosos aumentara en un 55.8% real desde 2006; y en medio de la violencia vivida, el Sistema Penitenciario no se daba abasto.

El Gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, dio su palabra de darle casi 10 mil millones de pesos anuales por 20 años a varias empresas, esto no solo comprometió la mayor parte de su presupuesto devengado en prevención y readaptación social, sino que instauró un esquema que priorizó satisfacer las necesidades de las empresas antes que las de los internos, ya que los presos pasaron a ser “un medio para que la empresa privada obtuviera beneficios económicos” a pesar de que se violaran los derechos humanos, de acuerdo con el informe dado por  la Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Además, señaló que del aeropuerto que se tenía proyectado en Texcoco, Estado de México, polémica obra que sería emblema del gobierno de Enrique Peña Nieto, se pensaba gastar hasta 300 mil millones de pesos. Sin embargo, “ya se resolvió, ya sin cerrar el actual”, el aeropuerto Felipe Ángeles va a costar 75 mil millones de pesos, lo que representa un ahorro de más de más del 70 por ciento.