El primero de los contratos se firmó cuando Miguel Ángel Mancera ocupaba la jefatura de gobierno de la  Ciudad de México y Miguel Ángel Vásquez, fungía como subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en la Sefin. Vásquez está actualmente en prisión, acusado de delitos cometidos por servidores públicos y desvío de fondos. Durante el periodo en los que se otorgaron los otros tres contratos el cargo de Vásquez lo ocupaba Antonio Paz García, su concuño. José Ramón Amieva había sustituido a Mancera, quien estaba en campaña para el Senado.

De acuerdo con la investigación, a finales del 2017 e inicios del 2018, la Secretaría de Finanzas (Sefin)  otorgó contratos a cuatro empresas por un monto cercano a los 976 millones de pesos para que desempeñaran las funciones que corresponden a esta dependencia.

Su labor consistía en realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. Las compañías beneficiadas se relacionan a su vez con otras ocho por direcciones, socios y números telefónicos. Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza, conocido por ser un paraíso fiscal.

Una red que presuntamente operó como estrategia para lavado de dinero durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, fue descubierta por el equipo de  Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Según los datos obtenidos por MCCI, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) menciona que el comportamiento descrito obedece a “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos”.

La investigación federal coloca a dos empresarios, Rigoberto Contreras Cortés y Martiniano Rodríguez Sánchez, en el centro de este entramado de compañías.

Este último fue asesinado el pasado viernes  en la Colonia Nápoles, en la Ciudad de México, justo a unos metros de la oficina donde estaban registradas todas las empresas con las que los documentos federales lo relacionaban. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que el asesinato fue realizado por dos sicarios que viajaban en motocicletas y que podría estar vinculado a su rol dentro de una empresa que dio servicio a la Secretaría de Finanzas de la CDMX en el gobierno anterior.

Martín Rodríguez Sánchez era presidente del Consejo Internacional de Empresarios y accionista de JBGG Investment, una empresa que tiene la misma dirección que JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y que una tercera empresa, Proyectos Complejos de Atlántico SCP. Esta última recibió depósitos entre agosto de 2017 y junio de 2018 por 327 millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters SA de CV. Proyectos Complejos de Atlántico SCP recibió también en el mismo periodo 136 millones de pesos de Profesionistas Moliel SA de CV, una de las empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas con un contrato adjudicado el 18 de mayo de 2018 por 290 millones y un servicio de ocho días.

Por su parte, Rigoberto Contreras Cortés es accionista, representante legal y apoderado de Freight Ideas SA de CV, que recibió 50 millones de pesos del gobierno de la CDMX por un contrato entre el 18 de mayo al 31 de diciembre de 2018 para el servicio de emisión de comprobantes digitales por internet (CFDI).

Contreras Cortés ostenta los mismos cargos en Diseño y Desarrollo en Soluciones Tecnológicas SA de CV, que en junio de 2018 recibió cuatro millones de pesos en una transferencia por parte de JJ Accounting & Legal Matters, SA de CV. Un mes antes, esta última empresa recibió 406 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México por un contrato de ocho días. El servicio prestado fue asesoría legal, fiscal e informática para la recuperación de impuestos sobre la renta retenido a trabajadores por honorarios asimilados a salarios en 2018. Rigoberto Contreras también trabajó en 2017 en Asistencia Contract SA de CV, que desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018 envió 20.5 millones de pesos a JBGG Investment SAPI de CV.

El último contrato fue dado a Olivera Méndez y Asociados SC por 232 millones de pesos del 28 al 31 de diciembre de 2017. Meses más tarde depositaría 69 millones de pesos a Nilrem SA de CV, que también recibió en esas fechas 27 millones de pesos de Grupo Proyecto del Atlántico. Esta empresa comparte el mismo teléfono que Profesionistas Moliel, Proyecto Complejo de Atlántico y JJ Accounting & Legal Matters SA de CV.

De acuerdo con un reportaje encabezado por la periodista Denise Maerker, JJ Acounting & Legal Matters SA de CV, la compañía que fue beneficiada con 406 millones de pesos por un trabajo de una semana, no tenía oficinas, y en el mismo periodo otros medios reportaron que Profesionistas Moliel SA de CV cerró después de cobrar el contrato con la Secretaría de Finanzas.

Dos de las cuatro empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas se disolvieron el 19 de febrero de 2019. Según sus actas de liquidación, JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y Profesionistas Moliel, que en conjunto recibieron más de 700 millones de pesos, cerraron diez meses después de firmar los contratos con la Sefin. Meses antes los socios de otras dos empresas, Proyectos Complejos de Atlántico y Nilrem SA de CV, que eran utilizadas en el entramado para recibir y enviar depósitos millonarios, también liquidaron estas sociedades. Las cuatro compañías fueron liquidadas por el mismo representante legal.

Estas cuatro empresas formaban parte del entorno de Martín Rodríguez Sánchez, que poseía once marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Rodríguez tenía participación en estas empresas con diferentes roles como accionista y también como beneficiario de las transacciones millonarias que las mismas sociedades se depositaban entre ellas.

De acuerdo con el reportaje, José Ramón Amieva, actual presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, dijo que solo supo de la existencia de estos contratos por la prensa, y aseguró que no conocía a los empresarios señalados en la investigación. También señaló que en el momento de  entregar posesión a su sucesora en el puesto, Claudia Sheinbaum, tuvo que negarse a firmar varios documentos de la anterior administración, porque de lo contrario ahora se encontraría “en un proceso de explicación”.

Rigoberto Contreras tiene 45 años, nació en el Estado de México y antes de ser contratista del Gobierno de la Ciudad de México ofrecía servicios de consultoría en computación. De 2013 a 2018 reportó a Hacienda ingresos totales por 30 millones de pesos. Entre 2016 y 2017 compró dos inmuebles —uno por valor de 1.9 mdp y otro por 17.1 mdp— y dos autos por casi dos millones de pesos, se lee en los documentos federales.

Además de esas propiedades es dueño de otras cuatro casas en la CDMX y dos más en Morelos, según el registro de la policía de la Ciudad de México. Entre 2014 y 2018 recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por más de tres millones de pesos. Esta institución fue una de las señaladas en La estafa Maestra, una investigación que desveló una red de contratos entre universidades públicas y empresas fantasma.

MCCI señala asegura que  entre 2015 y 2017 Martín Rodríguez recibió dos pagos desde México a una cuenta a su nombre en Ginebra, Suiza, por 21 millones de pesos. Entre 2015 y 2018 recibió a su cuenta mexicana 40 depósitos internacionales por un total de 1 millón 700 dólares. Sólo había presentado dos ejercicios fiscales: 2013 en ceros y 2014 por 25 mil pesos. El resto del dinero no fue declarado ante las autoridades.

El ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y ex jefe de gabinete, Miguel Ángel Vásquez, está actualmente en prisión preventiva por “delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal Ciudad MX “, según un comunicado de la FGJCDMX.

Vásquez fue detenido en su propiedad en Jardines de Pedregal, una exclusiva colonia en el sur de la capital. Un agente de la Fiscalía de CDMX presente en el operativo definió la casa de Vásquez como “la más lujosa que había visto en su carrera”. A tres cuadras, en la misma calle, se encuentra la propiedad que Rigoberto Cortés compró en 2017 por 17 millones de pesos.

Con información de Polemon.