Muchas estructuras laborales que prevalecen en México son fábricas de pobreza, al propiciar que 7.7 millones de mexicanos permanezcan desempleados, lo que corresponde a 12.5 por ciento de la población.

El coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo dio a conocer estos resultados del estudio hecho por el Observatorio Trabajo Digno y revela que dicha cifra es superior al tres por ciento que reportan las cifras oficiales.

Esta situación es resultado de las inadecuadas condiciones de trabajo de los últimos años que favorecieron las violaciones a los derechos laborales y lagunas legales que posibilitan dichas violaciones.

Por lo que en Acción Ciudadana frente a la Pobreza se dieron a la tarea de encabezar el Observatorio Trabajo Digno que reveló las condiciones precarias que enfrentan los mexicanos en materia de empleo digno.

De acuerdo con seis indicadores, el Observatorio señala que ocho de cada 10 personas que trabajan con salario y para un empleador carecen de condiciones dignas de trabajo, de manera que 25.6 millones de personas, el 80 por ciento, no tienen un trabajo digno.

Poco más de la mitad de las personas que trabaja con salario y para un empleador tienen un salario insuficiente, de manera que el salario de 15.6 millones de personas no es suficiente para el costo de la canasta básica.

Cuatro de cada 10 personas que trabajan para un empleador carecen de seguridad social, por lo que 14.6 millones de personas son forzadas a la informalidad por sus empleadores que no realizan la afiliación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Poco más de la mitad de las personas que trabajan con salario y para un empleador, es decir, 17.6 millones de mexicanos, carecen de un contrato laboral estable.

Por lo que la condición más vulnerada es la falta de afiliación sindical, que afecta a 29.5 millones de personas que trabajan con salario y para un empleador, es decir el 87 por ciento.

Gómez Hermosillo propuso a las autoridades aprobar un plan multianual para la recuperación gradual del salario, crear un sistema de seguridad social universal y reformar las disposiciones legales que favorecen la simulación, además de sancionar las prácticas ilegales usadas para violar derechos laborales.

Proponen también promover un mecanismo de diálogo social amplio y democrático para constituir una nueva cultura laboral, y reformar las leyes discriminatorias que persisten en la contratación de personas.