El Gobierno de México retiró a Rosi Orozco, presunta activista “contra de la trata” de personas, un departamento de lujo de más de 20 millones de pesos que pertenecía a los mexicanos y que ella disfrutaba.

También retirará a su esposo otra propiedad con un valor superior, informó esta mañana Ricardo Rodríguez Vargas, quien fuera director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y ahora el primero en encabezar el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, una oficina pública que se encargará de invertir, entre los pueblos más pobres de México, los recursos decomisados a corruptos y criminales.

“La instrucción ha sido muy puntual: que estos bienes no se almacenen; anteriormente funcionaba como un Robin Hood al revés: se le quitaba al pueblo y se le entregaba a los corruptos. Ahora ya no. Ahora la instrucción es devolverle al pueblo, legítimo dueño de estos recursos, de forma expedita, clara y transparente y con un destino manifiesto”, dijo en conferencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rosa María de la Garza Ramírez es presidenta de la “Comisión Unid@s vs Trata AC”. Desde hace varios años ha sido señalada por corrupción, por haber bajado recursos federales públicos con un destino incierto. Ella ha alegado que se dedica a rescatar a mujeres que han sido víctimas de trata pero al menos una investigación, realizada desde el Senado de la República, señala que ella y su familia en realidad viven de esa actividad.

En noviembre de 2017, Adriana Dávila Fernández, entonces presidenta de la Comisión contra la Trata del Senado de la República y Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Orozco, a su familia y allegados, de haber recibido contratos públicos por adjudicación directa del Gobierno federal y de la Ciudad de México por 13 millones 930 mil 333 pesos, sólo entre 2015 y 2017.

Enrique Peña Nieto era el Presidente; Miguel Ángel Mancera, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, indicó entonces Dávila Fernández, posee 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que el Sistema de Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones.

Orozco fue Diputada federal por el PAN, el mismo partido de Dávila Fernández. Ha sido acusada en ocasiones anteriores de beneficiarse de sus relaciones con políticos, sobre todo del PRI. La ex legisladora condujo una investigación desde la Comisión en el Senado de la República, y con sellos de ese cuerpo legislativo fue entregada al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Dávila afirmó entonces que los recursos obtenidos por Orozco habrían sido logrados con base a la extorsión y explotación, y gracias a “su influencia en algunos medios de comunicación y el empoderamiento que ha tenido durante los últimos años con el tema de la trata de personas”.

“Yo la estoy acusando de extorsionadora y explotadora, no de tonta. Evidentemente abre empresas con nombres de otra naturaleza que luego están vinculadas entre sí. Este dinero podría servir para la reparación del daño de víctimas, en lugar de que estemos ensalzando a una especie de Dios en materia de trata de personas. Yo soy la presidenta de una Comisión y no es un tema personal: estoy señalando algo, porque hay asociaciones que a veces no tienen ni para el pasaje y que están exponiendo su vida”, dijo en entrevista con SinEmbargo.