Redacción

La justicia en Jalisco está del lado del que más poder adquisitivo tiene y los jueces así lo dan a pensar al existir 249 carpetas de investigación contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

Los jueces lideran la estadística, con 154 expedientes. El segundo sitio es de los secretarios (43) y el tercero de los magistrados (16). Las cifras son preliminares, ya que en una carpeta de investigación puede estar involucrada más de una autoridad, precisa la Fiscalía Anticorrupción.

Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado, dice que desconoce las investigaciones, pero remarca que algunos abogados podrían usar este recurso para ejercer presión en los juicios. “Es muy sencillo que cualquiera que se sienta ofendido (al perder un caso) presente una denuncia bajo ese esquema. Y, al terminar la investigación, resulta que no se trató de algún acto de esa naturaleza, sino que fue por un tema que debió haberse manejado dentro del procedimiento”.

En las presuntas anomalías se acentúa el caso de los peritos. El Consejo de la Judicatura detalla que entre 2010 y 2019 recibió 57 quejas ciudadanas por la actuación de los auxiliares de la administración de justicia: 35 están relacionadas con peritos valuadores.

Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, resalta que el trabajo de los peritos es fundamental en el sistema acusatorio penal, ya que la prueba pericial es la concluyente.

Jorge Tejada, investigador del ITESO, recuerda que los peritos son científicos o expertos en artes u oficios que ayudan al juez a entender, por ejemplo, si una firma es falsificada o las causas de muerte, por lo que su trabajo es fundamental para garantizar que un juicio sea justo y se eviten actos de corrupción.