El caso de Lozoya sería particularmente complejo por no ser un suceso que empieza y termina con un solo funcionario público, sino que depende de toda una estructura de mando encabezada por el Ejecutivo Federal, con actores relevantes, como Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el propio ex Presidente Enrique Peña Nieto, pues el propio AMLO ha dicho desde siempre que sin su autorización, Lozoya no habría realizado ninguno de los movimientos corruptos. 

También se trata de un caso que destapa la relación entre intereses políticos y económicos, o entre funcionarios y empresarios y, como ejemplo, indicó las dos reuniones que sostuvo Peña Nieto con Marcelo Odebrecht antes de asumir la presidencia.

Más allá del Gobierno

La relación entre Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto va más allá del Gobierno.

Videgaray y Lozoya se conocieron en 1998, mediante Protego Asesores, un fondo de inversión del ex Secretario de Hacienda Pedo Aspe Armella.

Entre 2005 y 2009 Videgaray contactó a Lozoya con quien entonces era Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En aquél entonces, Lozoya, quien era director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, representó una oportunidad para impulsar el nivel de financiamiento del Estado de México, en un contexto en que Peña buscaba usar la plataforma del Foro para impulsar internacionalmente dicha entidad.

Desde entonces los tres comenzaron una relación amistosa y profesional, que fue reafirmada a medidos del año pasado por el abogado de Lozoya, Javier Coello, al reconocer que había una relación de amistad entre su cliente y Peña, y que “había lealtades” entre ambos.

En septiembre de 2012, Peña Nieto -como Presidente electo-, presentó a los integrantes de su equipo de transición y Lozoya, como vicecoordinador de Asuntos  Internacionales, formó parte de la élite que trabajaría por el “desarrollo de políticas públicas, de estrategias y de acciones que permitan al Gobierno de la República cumplir, a cabalidad, con los compromisos y con la expectativa que hay de la sociedad mexicana”.

En noviembre de aquél año, Peña nombró a Lozoya como nuevo director general de Pemex.

Señalamientos y corrupción

Actualmente Emilio Lozoya enfrenta cuatro denuncias por corrupción, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se le investiga por defraudación fiscal, en específico por los casos de la constructora brasileña Oderbrecht, la compra de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México y la compra de un astillero en España.

Según la Ley de Pemex, en su artículo 13, el Consejo es “responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”.

En su artículo 31 refiere que las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos, hechos u omisiones en que incurran”.

También agrega que, aunque sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial a Pemex son responsables de los hechos, “los consejeros serán solidariamente reponsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”.

La investigación contra Lozoya

El ex director de Pemex es investigado por los contratos entregados entre 2013 y 2015 a la Constructora Norberto Oderbrecht, aún cuando los costos de la empresa no estaban “dentro del precio promedio del mercado” y, pese a que la empresa “no cumplía con la experiencia y capacidad técnica para realizar los trabajos”, según la ASF.

Entre 2012 y 2013 Lozoya habría recibido millonarios sobornos y aportaciones a favor del PRI por parte de Oderbrecth, para facilitar la adjudicación de contratos.

Según una investigación hecha por el diario brasileño O Globo, desde que Lozoya asumió como vicecoordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición de Peña Nieto, comenzó a recibir 10 millones de dólares en sobornos de Oderbrecht.

En aquél entonces, la constructora firmó dos contratos por un monto conjunto de 4 mil 127 millones 310 mil 900 pesos para obras de infraestructura relacionadas con el “Aprovechamiento de Residuales” de la Refinería Miguel Hidalgo.

No obstante, ambos contratos significaron probables daños a Hacienda, por una suma mínima de 953 millones 278 mil 744 pesos, según los datos de la ASF.

Para realizar dichos contratos, el Consejo de Pemex y diversas áreas de su Corporativo y de sus ramas de Refinación y Transformación Industrial debieron dar el visto bueno y avalar la contratación de Oderbrecth.

Entre enero de 2014 y octubre de 2016, el Consejo de Administración de Pemex “aprobó los términos y condiciones” de los contratos para las obras de acondicionamiento del terrero de la Refinería de Tula, Hidalgo, según la Cuenta Pública de 2016.

Por un lado, la información relevante de la versión pública de los contratos se encuentra censurada y, por otro, el acta de la “Sesión Ordinaria 16”, de agosto de 2013, en la que Consejo y comités de Pemex presentaron y acordaron las obras en la Refinería, esta reservada de manera “total” hasta 2021.

Planta Agro Nitrogenados

También se investiga a Lozoya por la compra de una planta petroquímica por parte de Pemex, Agro Nitrogenados, en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria, en diciembre de 2013.

La compra se justificó por la necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en México, así como la capacidad de producción de un millón anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrogenados.

No obstante, al momento de la compra, los dos trenes de urea de Agro Nitrogenados llevaban 14 años sin operación, por lo que se encontraban “en una situación de extremo deterioro que requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha”.

Además, al momento de la compra el complejo petroquímico de Cosoleacaque “no tenía la capacidad para proveerla de insumos suficientes y a costos competitivos”.

El valor de la compra fue de casi 3.9 mil millones de pesos, pero seis meses después de la compra, la filial de Pemex Pro-Agroindustria contrató a Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia) para rehabilitar las plantas Urea I y II de Agro Nitrogenados, con un costo de más de 6.8 mil millones de pesos a Pemex.

A esto se sumaron los 923.8 millones de pesos por un “faltante presupuestal”, pues “Pemex Fertilizantes recibió Pro-Agroindustria sin presupuesto para cubrir capital de trabajo y el servicio de la deuda” de Agro Nitrogenados.

Astillero en Galicia

En noviembre de 2013, Pemex firmó un contrato de inversión para la compra de 51 por ciento de las acciones de la empresa naval española Hijos de J. Barreras, mejor conocida como Astillero Barreras, con una inversión inicial de 170 millones 790 mil pesos.

Se pretendía impulsar la construcción de buques especializados para México y capitalizar el desarrollo tecnológico del sector naval gallego en la industria petrolera.

No obstante, según la ASF, no había razón para que Pemex invirtiera en un ramo productivo que no le corresponde y que reporta pérdidas.

Con información de Polemón.