En Jalisco comienzan a hacerse virales los memes del gobernador Enrique Alfaro Ramírez (emanado de Movimiento Ciudadano -MC-) que lo comparan con el dictador alemán Adolf Hitler.

Y no es para menos, sus rabietas en contra de la prensa crítica, su tono bravucón y desafiante en las redes sociales con quien no esté de acuerdo con él, y una campaña escandalosa —con alusiones al nazismo—que impulsó su partido para pedirle a la población que permanezca en casa, le ganaron el mote de Enrikër Alfaürer. 

Su estilo es comparado con el ex gobernador jalisciense, Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2006), quien no soportaba la crítica y maltrataba a periodistas y medios de comunicación por igual.

La más reciente medida del emecista para imponer arresto hasta por 36 horas a quien transite en la calle sin cubrebocas es el corolario de su política de choque y confrontación contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La disposición por supuesto no ha gustado a ciudadanos, activistas en pro de los derechos humanos y estudiosos de la Constitución Mexicana, quienes advierten serias violaciones de parte del mandatario jalisciense a nuestra Carta Magna.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció al respecto en días pasados, pues el gobernador de Jalisco no es el único que ha invocado la suspensión de garantías. También lo ha hecho Silvano Aureoles de Michoacán, donde al menos 400 abogados han impulsado amparos contra el confinamiento obligado. 

“Entiendo la preocupación y hasta desesperación, pero lo mejor es dialogar con el Presidente de la República, con los alcaldes, con las fuerzas políticas, porque además para la desaparición de garantías se requiere una declaración del Congreso no se puede emitir una decisión de esta magnitud”, dijo Monreal. 

Pero nada de eso ha persuadido al gobernador jalisciense de conducir la emergencia bajo un Estado de Derecho y respeto a las garantías individuales. Tan sólo el pasado miércoles en el municipio de Tlaquepaque, 60 personas fueron arrestadas presuntamente por negarse a portar un cubrebocas. 

Y este jueves, el mandatario jalisciense reiteró su postura en redes sociales en tono retador mediante la respuesta oficial que preparó el coordinador jurídico de su oficina David Bernal, una respuesta que difundió el diario Milenio Jalisco como si se tratase de una columna de opinión, y no un comunicado de prensa. 

En ella, el subalterno del gobernador asegura que no existe dilema constitucional y tampoco legal para la suspensión de garantías individuales porque “la Ley de Salud del Estado y la propia Ley General de Salud, obligan (ojo, obligan) y habilitan al gobernador a tomar medidas extraordinarias, en casos extremos, pues él es la máxima autoridad sanitaria en el estado”.

El funcionario dice además que se llegó al límite en que el aislamiento social era una decisión voluntaria, para convertirlo en una obligación personal por la rápida propagación del coronavirus. Incluso cita al politólogo italiano Norberto Bobbio para justificar la decisión del mandatario.

“Citando a Bobbio: Para que un verdadero estado de derecho funcione, los derechos deben acotarse unos a otros, encontrar sus límites entre sí”.

Casi al finalizar su respuesta,  Bernal rechaza las connotaciones de autoritarismo que ciudadanos,  académicos y activistas en pro de los derechos humanos han alertado en esta medida.

“Contrario a quienes vaticinan el surgimiento de un autoritarismo insular en el occidente de México, nuestros policías están debidamente capacitados”, asegura.

Sin embargo,  el arresto de 60 personas en un sólo día en el municipio de Tlaquepaque por negarse a portar un cubrebocas, pone en entredicho la legalidad de la medida y la capacidad de la policía para lidiar con la emergencia sanitaria.

Francisco Jiménez Reynoso Jiménez, constitucionalista de la Universidad de Guadalajara, afirma que las autoridades estatales han hecho una interpretación de leyes a conveniencia, pues ni siquiera la Ley General de Salud que ellas mismas invocan, le concede la facultad a los policías de ser “represores” con los ciudadanos.

Esta opinión es compartida por Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. En el espacio radiofónico del diario  NTR que conduce Guillermo Ortega Ruiz, el especialista precisó que quien debe exhortar a los ciudadanos o establecimientos a acatar las medidas por la contingencia, son las autoridades sanitarias, pero en lugar de ello, se envía a las fuerzas públicas.

También afirmó que es muy probable que para hacer el arresto, los policías estén confrontando a los ciudadanos, haciéndose “víctimas” de supuestas agresiones, pues de otra forma no tendrían un fundamento legal para llevárselos detenidos.

“Le encargó el Gobernador a las policías que intervinieran, y ya tenemos el caso de 60 detenidos en Tlaquepaque, con la justificación de que no traían cubrebocas. Los abordan y posteriormente los policías legalizan la detención, para ellos, es un viejo truco que siempre han tenido: decir que se oponen a un mandato, o que se resisten”, dijo.

Jiménez Reynoso observa que la medida impuesta por Alfaro Ramírez violenta  las garantías a la libertad de tránsito, de asociación y hasta la libertad de expresión consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana porque la respuesta del mandatario jalisciense es desafiante. 

“Es un intento de amago, es un tono amenazante y es un ataque a la libertad de expresión. Yo soy constitucionalista, tengo una maestría en derecho constitucional, yo estoy fuera de colores políticos, a mí eso no me interesa. Cuando me preguntan si este acto es apegado a ley, yo doy mi opinión y están llevando a cabo actos inconstitucionales”, resalta. 

Jiménez Reynoso menciona que la suspensión de garantías está conferida en el artículo 29 de la Constitución Mexicana, pero sólo puede aplicarla el Presidente de México, previa aprobación del Congreso de la Unión, de tal manera que si Alfaro Ramírez quería imponer restricciones a la libertad de tránsito tenía que hacer una solicitud al Poder Legislativo y no brincarse la Constitución. 

Para que quede más claro, insiste el investigador, el artículo 133 de la Constitución establece que es la propia Constitución Federal la “Ley Suprema de toda la Unión”, y ningún otro ordenamiento puede estar por encima de ella.

“Todo debe estar debajo de la Constitución, ni siquiera una Constitución local puede contravenir, lo dice además la Constitución, no lo digo yo, puede contravenir a la Constitución, tampoco una ley general, tampoco reglamentos y mucho menos un acuerdo, un simple acuerdo que de forma disfrazada establece un toque de queda”.

Alfaro Ramírez no sólo ha impuesto medidas que, dicen los investigadores, rayan en el autoritarismo. También suspendió los plazos de entrega de información que es solicitada por ciudadanos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública hasta que pierdan vigencia los acuerdos que emitió en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Si todo lo anterior parece un exceso,  el gobernador jalisciense tiene una explicación. Al caer la noche tuvo una revelación de orden divino que compartió en su cuenta de Facebook:

“Dios había decidido que me tocara estar al frente de esta crisis en mi estado por alguna razón y entendí que no nos iba a dejar solos”.

Y al finalizar su carta, afirmó que quienes aún siguen saliendo a la calle (sea por lo que sea) son “unos pendejos que siguen sin entender”: así trata el gobernador divino de Jalisco a sus gobernados terrenales.

Con informaciòn de Polemòn.